Los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres y Verónica Valdez Rivas, de las unidades especializadas en Delitos Económicos y Lavado de Dinero, imputaron al juez Civil y Comercial de Capitán Bado, Cristhian Ariel Sánchez Zaracho, por la presunta comisión del hecho punible de lavado de activos, en grado de tentativa y en calidad de autor.
Según el acta de imputación, correspondiente a la Causa Penal N.º 02/2025, el magistrado habría ordenado, en el marco de un juicio ejecutivo, la subasta pública de dos inmuebles pertenecientes a la firma Biocombustible Brasilero S.A. (Biobras S.A.), ubicados en el distrito de Azotey.
Se trata de la Finca 262, Padrón 56, y la Finca 262, Padrón 57, ambos terrenos que forman parte del establecimiento conocido como “Estancia Nelly”. El valor real de las propiedades fue estimado en G. 56.411.433.534.
Los inmuebles habían sido incautados y entregados en administración a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), tras un proceso por narcotráfico y lavado de activos contra el presunto narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeça Branca”.
La Fiscalía sostiene que, pese a las advertencias de la Senabico y de la Dirección General de los Registros Públicos sobre la existencia de medidas cautelares —entre ellas, prohibición de innovar y contratar— y la inscripción de expectativa de comiso dispuestas por la Justicia Penal, el juez Sánchez Zaracho llevó adelante el remate el 8 de noviembre de 2023.
En esa subasta, los dos inmuebles fueron adjudicados por un total de G. 2.000 millones a la empresa Grupo Paraná S.A.
Posteriormente, el magistrado aprobó la subasta y ordenó la inscripción preventiva de los inmuebles a nombre del comprador, mediante un oficio judicial librado en abril de 2024. Sin embargo, la Dirección General de los Registros Públicos rechazó la inscripción mediante una nota negativa, debido a que la prohibición de innovar dictada en el fuero penal continuaba vigente.
Los fiscales también señalan que el juez habría otorgado participación procesal en el expediente a personas que no contaban con autorización de la Senabico y que incluso vinculó como representante de la firma a Gilberto Suárez, quien se encuentra procesado y cuenta con orden de captura.
La representación fiscal solicitó la intervención del Juzgado Penal Especializado en Delitos Económicos y Corrupción de Asunción y requirió un plazo de seis meses para desarrollar las investigaciones preparatorias y presentar el requerimiento conclusivo correspondiente.
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