Con la conclusión de las declaraciones testificales previstas para el día, finalizó una nueva jornada en el juicio oral y público que enfrenta el exsenador Hernán David Rivas Román. El juzgamiento, que indaga la supuesta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos de contenido falso, se centró en esta oportunidad en escuchar a exautoridades administrativas de la Universidad Sudamericana y a un exalto funcionario del Ministerio de Educación y Ciencias.
Durante la audiencia de la fecha, la exdirectora académica de la Universidad Sudamericana, Dora Arminda Cabañas, expuso la mecánica empleada entre 2016 y 2022 para expedir las constancias de estudio. La testigo detalló que la verificación de notas se realizaba manualmente en biblioratos físicos por cada sede, antes de su carga en planillas digitales. Cabañas reconoció los formularios del acusado, aunque fue cuestionada por la fiscalía al constatarse la omisión de datos clave como el año o la filial del alumno.
A su turno, el exvicerrector y asesor de la casa de estudios, Hermann Weisensee, aseguró al tribunal que Rivas concluyó el plan de materias en la sede de Luque en 2015 y defendió su tesis al año siguiente. Al ser abordado sobre las marcadas discrepancias en los certificados de estudio —donde en un documento figuraba la tesis «Robo Agravado» y en otro «Reelección Presidencial»—, el testigo atribuyó el hecho a un error administrativo que fue rectificado posteriormente por la Secretaría General.
Asimismo, Weisensee justificó la imposibilidad de presentar los archivos físicos originales del legajo académico del exlegislador, explicando que la universidad aplicaba una política interna de eliminación de documentos impresos una vez registrados en el sistema informático. Según el exdirectivo, la institución respaldaba esta práctica de destrucción de papeles en el plazo de conservación de cinco años contemplado en la Ley del Comerciante, mencionando además que la carrera fue catastrada ante el CONES en 2020.
Por el lado de la entidad reguladora, el exdirector de Registro de Títulos del MEC, Casimiro Ortiz, dio explicaciones sobre el proceso de validación y la velocidad en la expedición de resoluciones durante el año 2020. Ante los cuestionamientos de la fiscalía por un trámite puntual que obtuvo dictamen y resolución firmada en un lapso de apenas seis minutos, Ortiz justificó la rapidez argumentando la falta de expedientes pendientes en cola durante la pandemia de COVID-19.
El exfuncionario del MEC fundamentó que el sistema informático del ministerio permitía la comunicación en tiempo real entre departamentos. Según su testimonio, al momento en que la jefatura firmaba digitalmente el dictamen favorable, la notificación aparecía de manera inmediata en la pantalla del director lista para la firma final, prescindiendo de una revisión física de los papeles de respaldo si no existían alertas en el sistema.
Ortiz enfatizó además que la plataforma institucional del MEC rechaza de forma directa cualquier expediente que no cumpla con los requisitos legales y formales de entrada. El testigo aclaró que si un certificado de estudios presentaba irregularidades de origen, el trámite resultaba bloqueado por la mesa de entrada antes de ser procesado, quedando las resoluciones aprobadas publicadas de manera automática en el portal de datos abiertos.
Tras completarse las comparecencias y agotarse los puntos fijados en el orden del día, los jueces dispusieron el cierre de la audiencia de la fecha. Con este resumen de testimonios incorporados al debate probatorio, el juicio oral pasó a un receso y proseguirá en la siguiente jornada fijada por el Tribunal de Sentencia para continuar con la recepción de más pruebas testimoniales y documentales.
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