La reunión de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo fue presidida por el vicepresidente, el senador Luis Pettengill, quien al término de la sesión explicó los dictámenes alcanzados. En el primer punto del orden del día, abordaron el proyecto de ley impulsado en la Cámara de Diputados que modifica y amplía el artículo 289 de la Ley N.º 1160/97 del Código Penal. La propuesta busca sancionar a quien impute falsamente a una persona provocando la pérdida de su libertad o sometiéndola a procesos judiciales. La comisión aprobó el texto con modificaciones redactadas por asesores penales, fijando penas de seis años de prisión e incorporando multas reparatorias, con el cuidado de no desalentar las denuncias ciudadanas legítimas.
Posteriormente, los legisladores dieron tratamiento al proyecto que deroga la Ley 6852/21, referida a un inmueble de 1.000 hectáreas expropiado en favor del antiguo Instituto de Bienestar Rural en el distrito de Juan E. O’Leary. La comisión respaldó la iniciativa tras una verificación sobre el terreno encabezada por el presidente de la comisión, el senador Derlis Maidana, quien constató la plena consolidación urbana del área intervenida, donde operan estamentos públicos y viviendas familiares asentadas desde mediados de la década de 1990.
Durante el análisis del caso, se determinó que la normativa aprobada en 2021 generó un cálculo indemnizatorio a valores de mercado actuales que resultó inaccesible para las arcas públicas y paralizó la titulación. En consecuencia, el dictamen impulsado bajo la conducción de Pettengill resuelve restituir los parámetros de costo fijados en la ley originaria de 1996, permitiendo destrabar los trámites burocráticos para expedir las escrituras definitivas a los pobladores que ya abonaron por sus lotes.
Por último, el tercer y final punto del orden del día no pudo ser tratado durante la jornada debido a la ausencia justificada de las autoridades e invitados que debían brindar su asesoramiento técnico sobre el tema. Según explicó el senador Pettengill, representantes de la Corte Suprema de Justicia y del Colegio de Abogados comunicaron la imposibilidad de asistir por haber sido notificados de la convocatoria recién durante la semana pasada, postergando así el debate para una próxima sesión.
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