El legislador Colym Soroka fundamentó su postura argumentando que las iniciativas de control impulsadas desde el estamento parlamentario deben caracterizarse por la imparcialidad y el apego al marco legal. En ese sentido, el congresista señaló que dirigir la atención hacia una sola entidad configura un precedente de riesgo para el sistema, explicando sobre el punto que «nosotros hemos tomado la decisión de que el garrote no vaya sobre una persona, sino esto es un modo un poco peligroso donde a veces se quiere personalizar».
Al abordar el historial de fusiones y adquisiciones en la plaza financiera nacional, el representante de la Cámara Alta cuestionó el silencio que rodeó a anteriores procesos de consolidación institucional. El parlamentario recordó que diversas irregularidades fueron señaladas oportunamente sin obtener el mismo nivel de repercusión, enfatizando al respecto que «se entiende por peligroso cuando de repente va solamente a un lado. Eso no es bueno. Si vamos a pedir un informe sobre cómo se absorbe, bueno, con Visión y demás, entonces a mí me encantaría saber cómo pasó con Sudameris Bank».
En esa misma línea de análisis, el integrante del Poder Legislativo hizo especial hincapié en la necesidad de transparentar la absorción del ex Banco Regional por parte de Sudameris Bank S.A.E.C.A., manifestando su preocupación por la situación de los ahorristas y trabajadores del departamento de Itapúa. Sobre dicha transacción, el representante parlamentario puntualizó que «tenemos todavía gente con CDA, gente que tenía acciones que no fueron resueltas», agregando que «nos interesa mucho lo que pasó en Itapúa con capital itapuaense que nunca fue detallado».
Finalmente, el senador concluyó que la responsabilidad de canalizar y responder a estos requerimientos técnicos recae directamente sobre las autoridades de la banca matriz. El congresista remarcó que el órgano regulador debe evaluar si las consultas formuladas se encuadran dentro de sus atribuciones normativas, instando a que el Banco Central del Paraguay emita dictámenes objetivos que garanticen la transparencia y la seguridad jurídica para el conjunto de las entidades supervisadas.
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