Las manifestaciones del senador se dieron poco después de que la Primera Sala del Tribunal de Apelación de la Capital hiciera lugar a un recurso del Ministerio Público, anulando la prescripción de la acción penal dictada en primera instancia. Abordado por los periodistas, Rafel Filizzola señaló que no tuvo acceso inmediato a los fundamentos del Auto Interlocutorio debido a sus compromisos legislativos, enterándose de los alcances de la decisión a través de las publicaciones de los medios de comunicación.
Al reaccionar sobre el punto central del fallo de Alzada —que computó más de cinco años de «tiempos muertos» atribuidos a maniobras de la defensa—, el exministro rechazó tajantemente dicha premisa. Filizzola argumentó que el transcurso del tiempo y la falta de definición del expediente responden de manera exclusiva a la ineficiencia y mora estructural del sistema de justicia, recordando que en las instancias de garantías ya se habían emitido resoluciones favorables a su desvinculación en los años 2021 y 2025.
En su descargo, el nuevamente procesado puso de relieve supuestas arbitrariedades cometidas durante la etapa investigativa que, según sostiene, anulan el procedimiento. Entre las irregularidades mencionadas, destacó la vulneración del derecho a la defensa al no habérsele convocado formalmente para prestar declaración indagatoria ante la Fiscalía, un requisito previo e indispensable contemplado en el ordenamiento procesal penal antes de formular una imputación o acusación.
De igual manera, Filizzola aseveró que la representación técnica de su defensa presentó en reiteradas ocasiones evidencias que demuestran la existencia de documentación apócrifa incorporada por el Ministerio Público al cuaderno de investigación. Según el exjefe de la cartera del Interior, estos elementos no fueron valorados de forma idónea en los juzgados de origen al momento de revisar la consistencia del requerimiento fiscal.
El investigado estableció un paralelismo directo entre este proceso por supuesta lesión de confianza y el caso de la adquisición de los helicópteros para la Policía Nacional, en el cual fue absuelto tras años de litigio. Sostuvo que ambas causas comparten la misma matriz instrumental, al estar diseñadas sobre la base de premisas fácticas falsas con el objetivo de desgastar su figura pública y prolongar indebidamente el sometimiento a la jurisdicción penal.
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