La implementación de la nueva Ley de la Función Pública y la Carrera Civil representa uno de los principales desafíos para la modernización del Estado paraguayo. La reforma busca establecer un sistema de gestión de los recursos humanos más ordenado, transparente y sostenible, con reglas que permitan profesionalizar el servicio público y fortalecer la institucionalidad en todo el aparato estatal.
La viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrea Picaso, en charla con Economía A 1000 sostuvo que el proceso debe encararse desde una perspectiva integral y en articulación con la estructura macroeconómica del país. Según explicó, el objetivo es que la transformación no se limite a una modificación normativa, sino que tenga viabilidad técnica, jurídica y, fundamentalmente, económica.
«Buscamos una reforma sostenible a nivel técnico y legal, pero sobre todo económico. De allí la coherencia estratégica de que esta área esté dentro del Ministerio de Economía y Finanzas», señaló Picaso.
Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es su alcance. La intención es extender una cobertura institucional universal a todo el sector público, de manera que los principios y disposiciones de la carrera civil tengan aplicación en los distintos organismos del Estado.
No obstante, la viceministra aclaró que aquellas instituciones que cuentan con autonomía constitucional tendrán la facultad de actuar como autoridades de aplicación y elaborar sus propios reglamentos específicos, dentro del marco establecido por la legislación.
A su criterio, aprobar una nueva ley constituye apenas el primer paso de un proceso mucho más complejo, que requiere mecanismos de seguimiento, capacidad institucional y herramientas que permitan dar previsibilidad a la trayectoria de los funcionarios públicos.
«Tener una nueva ley es difícil e importante, pero aún más difícil es implementarla. Estamos en esa instancia. Paraguay no tenía una carrera civil institucionalizada y hoy la tenemos, buscando trazabilidad para el servidor público», afirmó Picaso.
Los desafíos de la reforma también quedaron reflejados en un reciente diagnóstico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que analizó la evolución del servicio civil paraguayo y los avances alcanzados durante las últimas dos décadas.
Mariano Lafuente, especialista principal del organismo, explicó que el país logró cuadruplicar su puntuación en este período, un indicador que refleja los cambios registrados en la organización y gestión de los recursos humanos del Estado.
Sin embargo, el especialista advirtió que todavía queda un camino importante por recorrer, especialmente en lo relacionado con la aplicación efectiva del nuevo marco legal, la transparencia de los procesos de selección y la consolidación de una carrera administrativa institucionalizada.
De acuerdo con la evaluación del BID, el servicio civil paraguayo alcanzó una calificación de 48 puntos sobre 100. El resultado muestra una evolución respecto de los registros anteriores, aunque también evidencia la necesidad de profundizar las reformas para mejorar el funcionamiento de la administración pública.
Lafuente destacó la importancia de contar con indicadores que permitan evaluar el desempeño de las instituciones y orientar las decisiones de política pública.
«Lo que no se mide no se puede mejorar. Los recursos humanos al final son los que diseñan e implementan las políticas públicas y entregan los servicios a la población», expresó.
Discussion about this post