Tras varias suspensiones, este lunes inició la audiencia preliminar para definir si el exdiputado Orlando Arévalo y el ciudadano Guido Díaz deberán afrontar juicio oral y público por un presunto caso de pedido de coima vinculado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Durante la jornada, los agentes fiscales de la Unidad Anticorrupción, Francisco Cabrera y Luis Piñánez, ratificaron en todos sus términos el escrito de acusación contra ambos imputados por la presunta comisión del hecho punible de cohecho pasivo agravado, solicitando formalmente la elevación de la causa a la etapa de juzgamiento público.
De acuerdo con la hipótesis sostenida por el Ministerio Público, Arévalo habría solicitado al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes el endoso de tres cheques por un valor total de 202 millones de guaraníes, presuntamente a cambio de gestionar resoluciones favorables para la exfiscal Stella Mary Cano ante el JEM.
Por su parte, la defensa técnica del exdiputado, ejercida por el abogado Juan Villalba, solicitó el sobreseimiento definitivo de su cliente aduciendo la atipicidad de la conducta imputada y cuestionando severamente la validez probatoria del elemento principal presentado por la fiscalía.
En ese sentido, el profesional sostuvo que la prueba madre del proceso —consistente en la desgrabación y peritaje del teléfono celular atribuido al fallecido legislador Gomes— fue obtenida e ingresada al expediente de manera presuntamente ilegal y en fechas posteriores a su extracción formal.
El planteamiento defensivo se da en forma paralela a una denuncia penal presentada por el propio Arévalo contra los fiscales intervinientes y un perito informático de la Policía Nacional, a quienes acusa de presuntas irregularidades en el manejo y custodia de la evidencia digital.
Tras una extensa deliberación que se prolongó por casi seis horas, la diligencia pasó a un cuarto de intermedio y continuará en la jornada de este martes, oportunidad en la que la representación fiscal responderá a los incidentes planteados antes de que el juez de Garantías emita su resolución.
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