El conflicto entre el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) y el Viceministerio de Transporte volvió a encenderse debido al retraso en el pago de los subsidios correspondientes al mes de abril. César Ruiz Díaz, titular del gremio empresarial, denunció públicamente que el Estado paraguayo adeuda una suma millonaria que asciende a cerca de USD 4 millones, un desembolso que debió haberse cumplido en mayo tras la presentación de las carpetas y documentaciones respaldatorias por parte de las empresas operadoras.
A través de una nota remitida al Viceministerio, Cetrapam manifestó formalmente su disconformidad ante una demora que consideran una constante debido a la mala gestión administrativa. Ruiz Díaz criticó con dureza a las autoridades, señalando que la justificación oficial sobre los procesos burocráticos en curso no convence al sector.
El directivo acusó al Gobierno de faltar a la verdad y de incumplir los compromisos previamente firmados, al tiempo de advertir que la cartera estatal ni siquiera solicitó a tiempo el plan de caja, lo que provocará que el retraso se extienda y afecte de forma inevitable la calidad del servicio para los usuarios.
El titular de Cetrapam alertó que esta coyuntura financiera también afectará de forma directa la futura operación de los buses eléctricos, proyecto que representa una inversión de USD 7 millones. Según detalló, el pasaje para estas unidades se fijó en G. 6.100, bajo el acuerdo de que el pasajero abone G. 3.400 y el Estado subsidie los restantes G. 2.700; sin embargo, teme que la iniciativa fracase por desidia estatal y promesas políticas incumplidas.
Asimismo, cuestionó con severidad el estado actual del sistema de pasajeros y calificó de engañosos los anuncios oficiales sobre la incorporación de 1.000 buses nuevos, considerando que persisten deudas básicas sin saldar y que los transportistas soportan un aumento en los costos del combustible desde marzo.
A pesar de calificar la situación como crítica, el titular de Cetrapam descartó de momento la convocatoria a una huelga general del servicio de transporte. Ruiz Díaz argumentó que la nucleación empresarial decidió no recurrir a esa medida de fuerza para evitar perjudicar de forma directa a los trabajadores y ciudadanos en general, asumiendo que suspender el servicio significaría una sanción injusta para la población ante las deficiencias de las autoridades de transporte.
No obstante, el representante empresarial advirtió que el sistema de transporte ya opera actualmente con restricciones debido a la falta de liquidez. Cetrapam instó al Gobierno a subsanar la deuda a la brevedad posible e insistió en la necesidad urgente de convocar a una mesa de diálogo práctica y sincera, donde las autoridades asuman compromisos financieros que realmente estén en condiciones de cumplir para frenar el continuo deterioro del servicio metropolitano.
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