El presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Medianas y Pequeñas Empresas (FEDEMIPYME), arquitecto Luis Tavella, expresó su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo de incrementar en un 5% el salario mínimo legal vigente, al considerar que la medida se aparta del mecanismo establecido por la legislación actual y carece de un sustento técnico claramente expuesto.
En entrevista con Radio 1000, Tavella señaló que el sector empresarial quedó sorprendido por la determinación adoptada, atendiendo a que existe un marco normativo que establece el procedimiento para los ajustes salariales a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Recordó que, durante las deliberaciones en el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), la representación empresarial presentó estudios e informes del Instituto Nacional de Estadística (INE), del BCP y del Ministerio de Economía y Finanzas, además de datos sobre pobreza y otros indicadores económicos. Según explicó, la postura empresarial fue mantener el criterio aplicado desde la modificación de la ley en 2016, consistente en ajustar el salario mínimo de acuerdo con la inflación acumulada.
“Desde el cambio de la ley hasta el año pasado, ese sistema funcionó correctamente, salvo durante la pandemia, que fue una situación excepcional”, sostuvo.
Tavella indicó que llamó la atención del sector que, de manera repentina, se pusiera en duda la validez de los indicadores oficiales sobre inflación. “Es como si de pronto el sistema ya no sirviera o los datos del Banco Central no fueran reales”, manifestó.
El titular de FEDEMIPYME señaló que la falta de consenso dentro del CONASAM derivó en una propuesta diferente por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Sin embargo, cuestionó que finalmente el Ejecutivo haya fijado un incremento del 5% sin que se hayan presentado estudios técnicos que justifiquen específicamente ese porcentaje.
Asimismo, advirtió que este tipo de decisiones generan incertidumbre respecto a la seguridad jurídica del país, un aspecto que considera clave para atraer inversiones.
“Cuando una empresa analiza invertir en un país, observa si las reglas se cumplen y si las condiciones no cambian a mitad de camino. Este tipo de decisiones no contribuyen a generar confianza”, afirmó.
Tavella aclaró que la discusión no gira en torno a si el aumento es insuficiente o excesivo, sino al respeto de las normas vigentes. En ese sentido, sostuvo que cualquier modificación al sistema de reajuste salarial debería debatirse y consensuarse mediante una reforma legal que entre en vigencia en ejercicios posteriores.
Por otro lado, alertó sobre el impacto que tendrá la medida en diversos ámbitos de la economía debido a que el salario mínimo sirve como base de cálculo para multas, tasas, aranceles judiciales, contratos y otros compromisos financieros tanto del sector público como privado.
Según explicó, si el ajuste se hubiera limitado al porcentaje correspondiente al IPC, cercano al 2,4%, el efecto sobre esos conceptos habría sido menor. Sin embargo, al establecerse un incremento del 5%, numerosos costos aumentarán automáticamente, lo que, a su criterio, podría generar presiones inflacionarias adicionales.
Finalmente, el presidente de FEDEMIPYME sostuvo que las micro, pequeñas y medianas empresas serán las más afectadas por la medida. Indicó que las mipymes representan el 98% de las empresas del país y que, dentro de ese universo, el 88% corresponde a microempresas con limitadas capacidades financieras.
“Son empresas pequeñas que muchas veces no tienen la posibilidad de absorber incrementos salariales de esta magnitud porque enfrentan problemas de competitividad y productividad”, afirmó.
En ese contexto, recordó que la reciente reforma de la Ley de Mipymes busca precisamente generar condiciones que faciliten la formalización, reduzcan costos y contemplen mecanismos diferenciados para fortalecer al sector.
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