El Juzgado de Ejecución Penal especializado en Delitos Económicos rechazó un recurso de reposición presentado por la defensa del condenado Raúl Antonio Fernández Lippmann, en el marco del proceso de ejecución de su pena de siete años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La resolución, firmada por la magistrada Sandra Noelia Kirchhoffer González mediante el Auto Interlocutorio N° 274, ratifica además la orden de intimación para que el condenado sea puesto a disposición de la justicia, bajo apercibimiento de ejecución de una caución real por valor de G. 750 millones.
Fernández Lippmann se encuentra prófugo de la justicia y cuenta con orden de captura nacional vigente desde el 3 de octubre de 2025. En ese contexto, el juzgado había dispuesto el pasado 11 de junio de 2026 una providencia mediante la cual se intimó al condenado y a su fiador, el abogado Álvaro Arias, a presentarlo ante el juzgado en un plazo de cinco días hábiles para el cumplimiento de la condena.
La defensa había recurrido dicha medida alegando que el juzgado no posee facultades para forzar el traslado del condenado, señalando que esa atribución correspondería a las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, el juzgado desestimó el planteamiento al sostener que la providencia recurrida constituye un acto procesal válido de impulso para la ejecución de la caución, y que la autoridad judicial está facultada para intimar tanto al condenado como al garante del mismo.
Asimismo, la magistrada señaló que la caución real fue constituida en 2018 sobre un inmueble ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora, en garantía del cumplimiento de las obligaciones procesales, y que su ejecución corresponde ante el incumplimiento de la medida impuesta.
El juzgado agregó que no se constataron errores de hecho ni de derecho en la resolución cuestionada, ni vulneraciones a garantías procesales, por lo que el actuar judicial se ajusta al debido proceso.
Tras la decisión, se dispuso la remisión de los antecedentes al Tribunal de Apelaciones para el estudio del recurso de apelación interpuesto en subsidio por la defensa, mientras continúan vigentes la orden de captura y las medidas de intimación relacionadas con la ejecución de la caución.
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