El Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro (MPRJ) y la Policía Civil lanzaron la Operación Hawala, un operativo destinado a desarticular una organización dedicada al lavado de dinero que habría movido más de R$ 100 millones provenientes del narcotráfico entre 2021 y 2024.
Las investigaciones indican que la estructura financiera, liderada por personas de origen libanés, prestaba servicios de lavado de activos al Tercer Comando Puro (TCP) y también ocultaba recursos vinculados al Comando Rojo (CV) y al Primer Comando de la Capital (PCC). Además, los investigadores identificaron una presunta conexión financiera internacional con una estructura de financiamiento de la organización terrorista Al-Qaeda, un aspecto que continúa bajo investigación.
Como resultado de la operación, fueron detenidas diez personas, entre ellas Bárbara Luzia Souza de Carvalho y los ciudadanos libaneses Reda, Yasser y Kassem Zayoun, señalados como integrantes del núcleo financiero de la organización. Según las autoridades, el grupo habría canalizado más de R$ 100 millones mediante operaciones de lavado de dinero para organizaciones criminales brasileñas y una estructura vinculada al terrorismo en Medio Oriente.
El Grupo de Acción Especial de Lucha contra el Crimen Organizado (Gaeco) denunció ante la Justicia a 22 personas por su presunta participación en el esquema. En paralelo, agentes de la Comisaría de Defensa de los Servicios Delegados (DDSD) ejecutaron 10 órdenes de captura y 37 allanamientos en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Paraná, incluyendo la ciudad de Foz do Iguaçu. Durante el ingreso de las fuerzas de seguridad al Morro de São Carlos, en la zona central de Río de Janeiro, se registró un intercambio de disparos con integrantes de la organización criminal.
Las medidas judiciales también incluyeron el bloqueo de activos financieros, la inmovilización de bienes y la restricción sobre participaciones societarias de los investigados.
La investigación se originó a partir del seguimiento de las actividades del TCP en la comunidad de São Carlos. Durante el proceso, las autoridades analizaron cientos de operaciones bancarias y las actividades de diversas empresas vinculadas a los acusados. Los investigadores concluyeron que los recursos fueron movilizados mediante una red de empresas de fachada distribuidas en distintos estados brasileños.
De acuerdo con Gaeco, el volumen de dinero manejado era incompatible con la capacidad financiera de los investigados y de las empresas involucradas, lo que evidenció una sofisticada estructura de lavado de activos. La organización habría recurrido a empresas recientemente constituidas, depósitos fraccionados, utilización de testaferros, participación de contadores y otras maniobras destinadas a ocultar el origen ilícito de los fondos e incorporarlos al sistema financiero formal.
Las autoridades identifican a Bárbara Luzia Souza de Carvalho como una de las principales operadoras financieras del esquema. Según la investigación, administraba empresas que movieron decenas de millones de reales, pese a que su actividad comercial no justificaba ese nivel de ingresos. La mujer fue arrestada durante el operativo.
Las pesquisas también detectaron indicios de que parte de la organización operaba en la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. Según las autoridades, esa región ha sido señalada históricamente por organismos nacionales e internacionales como un importante centro de operaciones financieras y logísticas para organizaciones terroristas, que obtienen recursos mediante actividades como el lavado de dinero, el contrabando y el narcotráfico, además de mantener vínculos con facciones criminales brasileñas como el PCC y el Comando Rojo.
Los investigadores sostienen que esa estructura habría facilitado la circulación internacional de los recursos ilícitos.
Otro de los hallazgos de la investigación fue la identificación de una relación comercial entre una empresa vinculada a los investigados y una persona sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de aplicar sanciones económicas. De acuerdo con las autoridades, esa persona integraría una estructura de financiamiento de Al-Qaeda. No obstante, el alcance de ese vínculo será determinado tras el análisis del material incautado durante la operación.
La investigación también señala que uno de los operadores financieros administró empresas que movilizaron más de R$ 47 millones durante el período investigado. Asimismo, un contador señalado como responsable de la contabilidad de varias compañías vinculadas al grupo habría desempeñado un papel clave para dar apariencia de legalidad a las operaciones.
Fuente: EFE
Discussion about this post