La Justicia elevó a juicio oral y público la causa contra Jorge Humberto Moisés Álvarez, procesado por un caso de homicidio doloso y presunto narcotráfico ocurrido en 2020 en el Chaco paraguayo. Sin embargo, la jueza penal de Garantías Lucía Evangelina Ibarra Lesmo rechazó el pedido de prisión preventiva planteado por la Fiscalía y resolvió que el acusado continúe con libertad ambulatoria mientras avanza el proceso.
El expediente está relacionado con un hecho registrado el 23 de septiembre de 2020 en el establecimiento ganadero «Divino Niño Jesús«, ubicado en la localidad de Soldado Guaraní, distrito de Mariscal Estigarribia. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Álvarez, quien cumplía funciones como administrador del predio, habría facilitado la intervención de un grupo armado que habría emboscado a José María Martínez Gómez.
Según la hipótesis fiscal, la víctima llegó al lugar a bordo de una avioneta con matrícula ZP-BOK, que presuntamente transportaba un cargamento de sustancias prohibidas. Tras el ataque, el cargamento habría sido sustraído.
Durante la audiencia preliminar, el agente fiscal Jorge Armando Benítez Orué sostuvo la acusación por homicidio doloso en carácter de autoría y solicitó la aplicación de la prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos investigados.
No obstante, la magistrada consideró que no existían elementos suficientes para imponer la medida más gravosa, teniendo en cuenta que el procesado se presentó ante la Justicia y permaneció sujeto al proceso durante la etapa investigativa. En ese sentido, resolvió mantener la libertad ambulatoria del acusado hasta la realización del juicio oral.
Entre los argumentos expuestos por el juzgado también se mencionaron irregularidades administrativas vinculadas a los registros policiales, luego de constatarse que continuaba vigente una orden de detención fiscal emitida en 2020, pese a que sus efectos ya habían sido levantados en una resolución judicial anterior.
Como parte de las medidas alternativas impuestas, Álvarez deberá permanecer dentro del territorio nacional, presentarse ante los requerimientos judiciales y mantener habilitada su localización telefónica. Además, la jueza ordenó a la Policía Nacional actualizar y depurar sus bases de datos para evitar inconsistencias en los registros de órdenes judiciales.
Fuente: Perla Silguero – periodista de Judiciales – Radio 1000
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