El Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI) enfrenta una situación financiera que podría comprometer la continuidad del abastecimiento de productos destinados a niños y niñas en situación de vulnerabilidad nutricional.
Empresas proveedoras reclamaron formalmente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el pago de obligaciones pendientes que, según el documento presentado el pasado 5 de agosto, ascienden a G. 205.711 millones. Los proveedores advierten que la acumulación de deudas volvió económicamente insostenible continuar financiando con recursos propios las obligaciones que corresponden al Estado.
El reclamo está relacionado con contratos para la provisión de Leche Entera en Polvo Instantánea Enriquecida destinada al PANI. Las empresas aclaran que actualmente no existe un desabastecimiento del programa, pero advierten que la falta de pago amenaza la sostenibilidad financiera de la cadena de provisión y, eventualmente, podría afectar su continuidad.
En la Licitación ID 430.066 – LPN N.º 56/2023, las empresas señalan que cumplieron el 100% de sus obligaciones contractuales, por un monto total de G. 216.667 millones. Sin embargo, permanecen pendientes de pago G. 53.987.641.104.
En tanto, en la Licitación ID 457.199 – LPN N.º 03/2025, el contrato asciende a G. 173.983 millones y registra una ejecución aproximada del 83%. De acuerdo con el reclamo, existe un saldo pendiente de G. 122.726.778.520, al que se suman otros G. 28.997.219.500 correspondientes a la ejecución pendiente estimada para el ejercicio 2026.
De esta manera, el compromiso financiero total señalado por los proveedores alcanza G. 205.711.639.124.
Las empresas sostienen que buena parte de las obligaciones reclamadas corresponde a productos que ya fueron efectivamente entregados y recibidos de conformidad por la administración. Para respaldar sus pedidos, mencionan órdenes de provisión, remisiones, actas de recepción y facturas. También afirman que no existen controversias respecto a la correcta ejecución de los contratos.
Según el planteamiento, los retrasos en los pagos obligaron a las proveedoras a utilizar recursos propios durante un periodo prolongado para mantener la ejecución del programa. Esta situación habría generado costos financieros adicionales, comprometido capital de trabajo y reducido su capacidad de acceso al crédito.
En la nota presentada a las autoridades, las empresas advierten que la acumulación de la deuda y los costos financieros asociados alcanzaron un nivel que ya no les permite continuar absorbiendo con recursos propios el financiamiento del PANI.
Los proveedores también señalan que los reclamos no son recientes. Entre los antecedentes citados figuran notas presentadas el 12 de noviembre de 2025, 6 de abril de 2026 y 17 de abril de 2026. Según sostienen, pese a las gestiones realizadas ante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, las obligaciones continuaron pendientes.
Ante esta situación, solicitan la intervención urgente de ambas instituciones para concretar la cancelación de las obligaciones vencidas y el reconocimiento y pago de los intereses por mora que correspondan.
Como alternativa para obtener liquidez mientras aguardan el pago estatal, plantean incorporar el Objeto del Gasto 311 – Alimentos para Personas a los mecanismos legales de cesión de créditos y habilitar operaciones de factoring con entidades financieras nacionales. Los proveedores sostienen que los costos financieros derivados de estas operaciones deberían ser asumidos por el Estado, debido a que se originaron en los atrasos en el cumplimiento de los pagos contractuales.
Las empresas remarcan que, pese a las demoras, hasta ahora mantuvieron el abastecimiento para evitar que la situación financiera afectara a los beneficiarios del programa. Sin embargo, advierten que continuar financiando con recursos propios una política pública durante un periodo prolongado ya no resulta sostenible.
El reclamo pone bajo la lupa la situación financiera del PANI, un programa destinado a garantizar asistencia nutricional a una población especialmente vulnerable. Las empresas incluso dejaron abierta la posibilidad de iniciar acciones administrativas y judiciales para reclamar el pago de las obligaciones y la reparación de los daños que atribuyen a los atrasos.
El Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía deberán definir ahora una respuesta ante un reclamo que supera los G. 205.000 millones y que, según advierten los proveedores, podría terminar afectando la continuidad del abastecimiento si no se regularizan los pagos.
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