El juzgamiento de las pruebas y la conducta de los imputados, identificados como Milder Javier Núñez Delgado y José Rolando Doldán González, estará a cargo del Tribunal Unipersonal de Sentencia N.º 2, bajo la dirección de la jueza Lourdes Llano Villalba. La querella privada planteada por el ex funcionario público responde a las escraches domiciliarios llevados a cabo en la ciudad de San Lorenzo por grupos de ahorristas que, tras la congelación de sus depósitos y el cese de operaciones de la cooperativa, exigían respuestas sobre el paradero de sus fondos.
El trasfondo del conflicto genera duras críticas por parte de los sectores afectados debido al rol desempeñado por el querellante en la historia reciente de la institución. Pedro Loblein ejerció la presidencia del Incoop durante el período 2020-2023, ciclo en el que, según las denuncias de la masa social, se produjo el vaciamiento sistemático del patrimonio de la entidad. Posteriormente, desde febrero de 2024, Loblein pasó a desempeñarse como asesor financiero de Poravoty para asumir de manera oficial la Gerencia General en octubre de ese mismo año, figura desde la cual promovió la acción penal contra los socios manifestantes.
La situación administrativa de la Cooperativa Poravoty Ltda. se agravó tras la intervención oficial resuelta por la actual administración del Incoop, liderada por el ingeniero Carlos Romero Roa, que dispuso la liquidación de la entidad, la prohibición absoluta de captar nuevos ahorros o conceder créditos, y la inhabilitación por varios años para integrar cargos directivos a los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Gerencia General del período investigado. La medida dejó a cientos de familias sin la posibilidad de recuperar sus ahorros, desencadenando una serie de acciones legales y pedidos de reconsideración.
Desde la Coordinadora de Ahorristas Estafados manifestaron que resulta un contrasentido institucional que socios golpeados por la pérdida de su patrimonio sean judicializados por reclamar el control que debió ejercerse desde el ente regulador. Si bien los manifestantes no responsabilizan de manera directa a Loblein de la apropiación de los activos, remarcan su responsabilidad administrativa por omisión de fiscalización durante su mandato al frente del órgano supervisor de las cooperativas del país.
Mientras se aguarda el inicio del debate en el fuero penal, las familias afectadas aguardan que el Ministerio Público y la justicia avancen en las causas paralelas dirigidas a identificar las vías de desvío del millonario patrimonio que derivó en la quiebra de la entidad.
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