El recurso de la defensa ataca de manera directa la resolución dictada el pasado 16 de septiembre de 2026, mediante la cual se dispuso el envío de Cristhian Amarilla Cabaña a la Prisión Militar de Viñas Cué tras ser imputado por presunta asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal agravada, y omisión de evitar un hecho punible. Según expone el escrito, el juzgado incurrió en vicios de motivación al emplear fórmulas colectivas e indivisibles para resolver la reclusión preventiva de los tres funcionarios investigados en la causa N.° 1317/2026, sin identificar un solo elemento probatorio o conducta atribuible con exclusividad a su representado.
Entre las consideraciones centrales vertidas en la apelación, De Vargas subrayó la acotada ventana temporal en la que su defendido ejerció el cargo directivo dentro del organismo antidrogas. Amarilla Cabaña asumió la Dirección de Inteligencia en septiembre de 2023, desempeñando el rol durante apenas tres meses antes del despliegue de la Operación «Sanctus» en diciembre de ese mismo año. La defensa contrapone este breve lapso frente al espectro temporal trazado por la Fiscalía en la imputación, el cual abarca desde el año 2019 hasta el 2023.
Asimismo, la representación legal desestimó la existencia de elementos de coautoría, aclarando que la intervención del procesado se limitó al diligenciamiento administrativo regular de un documento elaborado y firmado por una superiora jerárquica en el marco de la investigación «Pavo Real I». A esto se suma, según el escrito, la ausencia de cualquier tipo de comunicación telefónica o registro que vincule directamente a Amarilla Cabaña con el fallecido legislador o con el entorno del denominado Clan Gomes.
Respecto a los riesgos procesales que sirvieron de base para decretar la medida más gravosa, la defensa descartó tanto el peligro de fuga como el de obstrucción a la investigación. El abogado argumentó que el encausado cuenta con más de 20 años de trayectoria en la institución, presentó arraigo formal, se puso a disposición de la Fiscalía de manera espontánea antes de que se oficializara su orden de detención y ofreció un inmueble de su propiedad como caución real. En cuanto a las evidencias documentales y registros informáticos, la representación recalcó que ya se encuentran bajo resguardo del Ministerio Público, por lo que su libertad no representa una amenaza para las pesquisas.
Con estos elementos, el escrito elevado ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal solicita la revocación total del auto interlocutorio dictado en primera instancia. La defensa aguarda que el tribunal de alzada valore la falta de proporcionalidad de la prisión preventiva y disponga la inmediata libertad del exjefe policial o la sustitución de la medida por el arresto domiciliario bajo la garantía real presentada en el expediente.
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