La causa penal, caratulada bajo la conducción de la agente fiscal Abg. Yeimy Adle, recae sobre el expresidente de Petróleos Paraguayos S.A. (PETROPAR), Eddie Ramón Jara Rojas, imputado por enriquecimiento ilícito. Asimismo, la medida procesal alcanza a su ex cónyuge, Karina Estefana Otazú Fleitas, procesada en calidad de autora por la supuesta comisión de lavado de activos.
Según la hipótesis trazada en la imputación, los peritajes realizados a las declaraciones juradas, movimientos bancarios y registros tributarios de Jara revelaron operaciones en efectivo por G. 5.547.396.611 durante su segundo mandato en la entidad (2023-2026). Descontando sus ingresos lícitos declarados ante la DNIT (G. 147.945.999), la representación fiscal detectó una brecha no justificada de G. 5.399.450.612, cifra que representa el 97,33 % de sus movimientos de capital.
La pericia expone severas incongruencias entre los ingresos y egresos del exfuncionario. En períodos puntuales, como octubre de 2025, los egresos de Jara alcanzaron los G. 570.680.982 frente a una remuneración mensual de G. 44.956.148. Adicionalmente, se detectaron transferencias vinculadas a un entramado de empresas adjudicadas por la petrolera (Emprendimientos del Sur S.A., Legacy Roots S.A. y el Consorcio Firetech), cuyos fondos habrían derivado en la compra al contado de una residencia en el barrio Mburucuyá de Asunción por USD 220.000 a nombre de una persona allegada.
En lo que respecta a Karina Otazú Fleitas, la Fiscalía sostiene que la mujer intervino activamente en la recepción y colocación de fondos no justificados. Entre las transacciones identificadas se mencionan contratos de consultoría sospechosos por G. 500 millones cuyos fondos se aplicaron al pago de una membresía en el Club Centenario por G. 600 millones, el otorgamiento de préstamos particulares y la adquisición de 100 cabezas de ganado por más de G. 433 millones.
La representación del Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías un plazo de seis meses para la presentación de la acusación conclusiva. Como medidas cautelares, la fiscala requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión, la prohibición de salir del país, la inmovilización de fondos en múltiples entidades bancarias así como el embargo y eventual secuestro de tres camionetas de alta gama.
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