La Fiscalía General del Estado abrió una causa penal para investigar presuntas irregularidades en los títulos académicos declarados por funcionarios públicos de distintas instituciones estatales. La medida se adoptó tras una denuncia presentada por representantes de la Contraloría General de la República, que detectó más de 1.090 casos sospechosos.
Mediante la Resolución F.G.E. N.º 4187, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la conformación de un equipo especial de fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para llevar adelante las diligencias.
El equipo está integrado por los fiscales Francisco Manuel Cabrera, de la Unidad N.º 7; Verónica Valdez, de la Unidad N.º 12; y Jorge Arce Rolandi, de la Unidad N.º 14, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín.
La denuncia fue presentada por los representantes de la Contraloría Juan Jesús Villalba Fiore y Derlis Paredes Delgado, ante las sospechas de producción y uso de documentos de contenido falso relacionados con títulos académicos de funcionarios públicos.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, había expuesto ante el Congreso un informe preliminar que revela la magnitud de las presuntas irregularidades. Según los datos divulgados, más de 1.090 funcionarios estarían bajo sospecha de contar con títulos falsos, clonados o expedidos por instituciones educativas que no contaban con la habilitación legal correspondiente.
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) concentra más de 800 de los casos detectados. Según Benítez, se identificaron títulos que no coinciden con los registros de las universidades que supuestamente los expidieron, así como documentos que no figuran en los archivos académicos y casos de profesionales de la salud sin acreditación.
«Aquí la universidad dice que no estudiaron allí, o sea, no es un problema de la universidad, el alumno imprimió en un cartón y puso cuál era su profesión y el MEC le inscribió. También la Universidad Nacional (UNA) está en la misma situación», había manifestado el contralor.
Benítez calificó los hallazgos como una situación «mucho más perversa» de lo previsto inicialmente, lo que impidió concluir la auditoría dentro del plazo original de 45 días.
Asimismo, cuestionó la falta de controles por parte de las instituciones responsables de supervisar y validar la formación académica. En ese contexto, mencionó la existencia de más de 850 carreras que, según sus declaraciones, carecerían de las acreditaciones correspondientes, con especial preocupación por las del área de la salud, incluida Medicina.
Con la apertura de la causa penal, el Ministerio Público buscará profundizar las investigaciones, verificar la autenticidad de los títulos cuestionados y determinar las eventuales responsabilidades. Las sospechas deberán ser corroboradas durante el proceso investigativo.
Discussion about this post