El gobierno de Argentina construirá un cerco de 200 metros en la frontera de Aguas Blancas, en Salta, para reforzar los controles migratorios y combatir el contrabando.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, defendió la medida como parte del Plan Güemes, que busca recuperar el control en una zona crítica afectada por el narcotráfico y la trata de personas.
«Es una medida de protección para la población y todo el país», expresó Bullrich.
Bullrich, quien en diciembre pasado había presentado el Plan Güemes, junto al gobernador de Salta, Gustavo Saénz, dijo que la medida busca “evitar que puedan cruzar y generarnos un descontrol”, además de ser un complemento para este programa de seguridad nacional.
La ministra explicó que Adrián Zigarán, actual interventor de Aguas Blancas —municipio que lindera con la localidad boliviana de Bermejo—, «está lanzando una licitación que se decidió en esa mesa (del Plan Güemes) para impedir el paso por caminos alternativos» y fomentar que los que cruzan «tengan que pasar por el paso legal».
Desde que se puso en marcha el programa en la provincia de Salta, la Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzó a realizar tareas de patrullaje, por primera vez, las aguas del Bermejo, que separa ambos territorios. Hasta ahora, el afluente era controlado exclusivamente por las fuerzas de seguridad del Estado Plurinacional de Bolivia.
Tras el anuncio, el Gobierno nacional celebró la medida a través de una publicación en X de parte de la cartera de Seguridad. «Elimina el bypass que permitía eludir los controles de la Gendarmería Nacional, refuerza controles exitosos existentes, y pone fin al caos en este punto crítico de la frontera”, escribieron.
Sin embargo, desde el lado boliviano se mostraron sorprendidos ante el anuncio. Mediante un comunicado, la Cancillería respondió que “los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común”.
También alertaron que «cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos».
Por su parte, Sáenz respondió a las quejas de los funcionarios bolivianos. “El Gobierno de Salta y el Gobierno argentino no tienen por qué darles explicaciones sobre algo que hace en su propio país”, contestó durante una entrevista con TN.
Fuente: Infobae
