La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que declara en estado de emergencia al Instituto de Previsión Social por un periodo de 12 meses.
La iniciativa, presentada por el diputado Yamil Esgaib, busca otorgar facultades excepcionales a la administración actual para realizar compras directas de medicamentos, ejecutar obras de infraestructura urgentes y contratar personal médico sin los plazos habituales de las licitaciones públicas. El documento surge como respuesta a las denuncias de gremios de asegurados y pacientes oncológicos ante el crítico desabastecimiento de insumos.
Durante la sesión constataron que el IPS inició el 2026 con un déficit del 40% en medicamentos esenciales y más de 150 fármacos fuera de stock. A esto se suma la crisis edilicia en el Hospital Central, donde el mal funcionamiento de los ascensores, las fisuras estructurales y la falta de especialistas en áreas críticas como oncología y urgencias han derivado, según la exposición de motivos, en muertes evitables.
Con esta ley, el IPS podrá utilizar la figura de «urgencia impostergable» para agilizar procesos trabados desde 2024.
A pesar de las facultades extraordinarias, el proyecto establece mecanismos de control para evitar irregularidades. La previsional estará obligada a publicar informes mensuales detallados en su portal de transparencia y remitirlos a las comisiones de control del Congreso, especificando montos invertidos, proveedores y obras ejecutadas. Esta medida busca dar garantías ante el manejo de recursos en un régimen de excepción que no estará sujeto a montos máximos de contratación.
El debate legislativo estuvo marcado por duros cuestionamientos de la oposición. Legisladores como Diosnel Aguilera señalaron que la crisis es el resultado de años de manejo político y cuestionaron que los sectores que hoy impulsan la emergencia fueron los mismos que defendieron administraciones anteriores. Tras su aprobación en la Cámara Baja, el proyecto pasa ahora al Senado, donde se definirá si la administración de la previsional recibe finalmente estas herramientas legales para intentar frenar el colapso operativo.
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