El concejal de Tomás Romero Pereira, Concepción Martínez, en entrevista con Radio 1000, denunció que enfrenta un proceso judicial tras haber expuesto presuntas irregularidades en la ejecución presupuestaria del ejercicio 2023, durante su labor como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Junta Municipal.
Según manifestó, la denuncia fue promovida por el actual intendente, Hernán Rivas, y se basa en intervenciones realizadas durante una sesión de la Junta en mayo de 2024, en la que se analizaba el balance financiero del municipio.
Martínez explicó que en octubre de 2024, la Junta Municipal rechazó la ejecución presupuestaria con mayoría de dos tercios y remitió los antecedentes tanto al Ministerio Público como a la Cámara de Diputados. En ese contexto, señaló que la semana pasada debía tratarse un pedido de intervención del municipio, pero la sesión no prosperó por falta de cuórum.
El concejal sostuvo que la denuncia en su contra responde a su rol de fiscalización. “Se nos denuncia por hacer nuestro trabajo”, afirmó, al tiempo de indicar que durante su gestión en la comisión detectaron inconsistencias en el balance presentado por la administración municipal.
Asimismo, aseguró que meses después de iniciada la causa, recibió —a través de terceros— una supuesta propuesta para retirar la denuncia a cambio de su voto dentro de la Junta Municipal, lo que calificó como un intento de chantaje.
Entre las irregularidades mencionadas, Martínez citó la existencia de un cheque por G. 100 millones, registrado en una conciliación bancaria a nombre del Consejo Local de Salud, con fecha 30 de abril de 2024. Sin embargo, según indicó, el tesorero habría informado que dicho monto no fue recibido por esa entidad.
Posteriormente, siempre de acuerdo con su versión, el intendente habría señalado que se trató de un error y que el cheque correspondía en realidad al Consejo de Desarrollo Distrital, destinado a trabajos de arreglo de caminos. No obstante, Martínez cuestionó la documentación remitida, señalando que consistía en una nota sin firma y una copia de factura.
Finalmente, el concejal advirtió que el avance del proceso judicial en su contra coincide con el próximo tratamiento del balance de ejecución presupuestaria 2025, lo que —según afirmó— genera preocupación sobre posibles presiones en el ámbito político local.
Discussion about this post