El Consejo de la Magistratura informó que las irregularidades detectadas en certificados académicos presentados dentro de procesos de postulación a cargos del sistema de justicia fueron identificadas mediante mecanismos institucionales de control, verificación y transparencia implementados por la institución.
A través de un comunicado, el organismo señaló que la detección fue posible gracias al sistema de participación ciudadana y observaciones públicas, además de la difusión de los procesos de selección en plataformas digitales institucionales, que permiten garantizar trazabilidad y acceso público a la información.
Asimismo, indicó que los controles realizados por la Dirección de TICs y una investigación interna impulsada por una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas contribuyeron a detectar las inconsistencias documentales.
Según el Consejo de la Magistratura, una vez corroborados los indicios, la propia institución promovió la denuncia ante el Ministerio Público y remitió todos los antecedentes relacionados con el caso.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Penal N.º 17, formuló imputación en el marco de una causa por presunta producción y uso de documentos no auténticos, involucrando a postulantes y funcionarios presuntamente vinculados a los hechos investigados. Así lo informó el fiscal encargado de la causa, Leonardi Guerrero, en entrevista con Radio 1000.
Paralelamente, el Consejo de la Magistratura adoptó medidas administrativas inmediatas, entre ellas la apertura de sumarios, la separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica.
La institución remarcó que los hechos investigados corresponden a responsabilidades individuales y sostuvo que fueron precisamente los mecanismos de control, publicidad y participación ciudadana los que permitieron detectar las irregularidades y activar las acciones legales correspondientes.
Finalmente, el organismo aseguró que continuará fortaleciendo sus procesos de transparencia, control y modernización para garantizar concursos públicos “cada vez más seguros, auditables y confiables” para la ciudadanía.
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