El Departamento de Justicia de los Estados Unidos formalizó este miércoles una acusación penal por los cargos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, y otros cinco altos mandos militares de la isla.
La resolución, presentada ante el tribunal del Distrito Sur de Florida, señala al exmandatario como el responsable de haber ordenado el derribo de dos avionetas civiles desarmadas pertenecientes a la organización de exiliados «Hermanos al Rescate» el 24 de febrero de 1996. En aquel ataque, ejecutado por cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea de Cuba en el Estrecho de Florida, perdieron la vida los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, junto al residente legal Pablo Morales.
El anuncio oficial fue realizado por el fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, desde la icónica Torre de la Libertad de Miami —símbolo del exilio cubano— coincidiendo intencionalmente con el aniversario de la Independencia de Cuba. “Por primera vez en casi 70 años, el liderazgo superior del régimen cubano ha sido acusado en este país por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses”, afirmó Blanche, reforzando la postura de la administración de Donald Trump: «Si matas estadounidenses, te perseguiremos».
La acusación formal también alcanza a los militares Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez. Aunque La Habana ha sostenido históricamente que las aeronaves violaron su espacio aéreo con fines de sabotaje, investigaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la OEA dictaminaron en su momento que el derribo ocurrió en aguas internacionales, fuera del límite territorial cubano.
Máxima presión y el antecedente de Nicolás Maduro
Este paso judicial marca una drástica escalada en la ofensiva de la Casa Blanca hacia el régimen de la isla. La congresista republicana María Elvira Salazar calificó la imputación como un ultimátum directo hacia la cúpula comunista: «Estamos enviando el mensaje a la familia Castro: es hora de que se marchen». Si bien Cuba no contempla la extradición de sus ciudadanos, en el ámbito político se recordó de forma inmediata el caso del exlíder venezolano Nicolás Maduro, quien tras ser acusado por la justicia estadounidense fue capturado en Caracas a principios de este año por fuerzas federales y trasladado a Nueva York para ser juzgado.
En paralelo al anuncio judicial, el secretario de Estado, Marco Rubio, difundió un videomensaje dirigido al pueblo cubano en el que ofreció una «nueva relación» bilateral y un fondo de asistencia de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas que se canalizarían a través de organizaciones caritativas o de la Iglesia Católica, responsabilizando a la dirigencia de la isla por el colapso energético y el desabastecimiento generalizado.
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