El Consejo Nacional de Salario Mínimo (Conasam) realizó este miércoles su tercera sesión con representantes del sector empresarial, sindical y del Gobierno, en el marco de las negociaciones para definir el reajuste del salario mínimo legal vigente.
La reunión contó con la participación del director de Trabajo, Jorge Rivas; el representante de los trabajadores, Bernardo Rojas; y el representante de los empleadores, Enrique Vidal Lovera. También acompañaron el encuentro el viceministro de Trabajo, César Segovia, y José Pineda, por el sector sindical.
Tras la sesión, el viceministro Segovia explicó que el sector empresarial presentó una propuesta técnica en respuesta al planteamiento realizado anteriormente por los trabajadores, quienes sostienen que existe una pérdida del poder adquisitivo del 22%, basada en datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que solicitan un reajuste del 20%.
“El sector empresarial presentó un documento técnico en el cual manifiestan una serie de situaciones, mientras que el sector sindical ratificó su postura respecto a la pérdida del poder adquisitivo”, señaló.
Segovia indicó además que ambas partes acordaron convocar a técnicos en la próxima reunión para profundizar el análisis de la política salarial en el país. El Ministerio de Trabajo también presentará un informe técnico sobre la situación salarial.
Asimismo, informó que las negociaciones continuarán de manera bipartita y que existe el compromiso de alcanzar una posición consensuada —o por mayoría— antes del 15 de junio, fecha límite para elevar la propuesta al Poder Ejecutivo. El reajuste deberá definirse antes del 30 de junio, conforme a lo establecido por la normativa vigente.
Por su parte, Vidal Lovera reiteró que la postura del sector empresarial no sufrió modificaciones y que el reajuste debe realizarse exclusivamente en base al IPC, tal como se viene aplicando en los últimos años.
“Nos ratificamos en que el reajuste tiene que hacerse en base al IPC. Es la misma posición de la vez pasada. Nos vamos a regir por lo que dice la ley”, expresó.
A su turno, Rojas sostuvo que los trabajadores también se basan en los datos oficiales del Banco Central del Paraguay, pero afirmó que la variación acumulada del IPC alcanza el 22,3%, porcentaje que —según dijo— debería reflejarse en el reajuste para recuperar el poder adquisitivo perdido.
“El índice de precios al consumidor nos da 22,3%. Eso significa que el reajuste debería rondar los 647.000 guaraníes para recuperar el costo de vida del trabajador”, afirmó.
El dirigente sindical reconoció que las negociaciones se mantienen difíciles debido a las diferencias entre ambas partes, aunque se mostró optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo.
“Vamos a estudiar lo que presenta el sector empresarial y ellos también van a analizar nuestra propuesta. Creo que en algún momento vamos a llegar a un acuerdo”, concluyó.
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