El fiscal José Alberto Godoy se constituyó en la mañana de este miércoles en la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de Asunción, a fin de dar seguimiento a la investigación que comenzó tras la denuncia de una presunta estafa a colonos menonitas de la colonia Río Verde de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.
El agente del Ministerio Público agradeció la predisposición de las autoridades de la institución, actualmente encabezada por Francisco Ruiz Díaz, por proporcionar toda la documentación relativa al caso a ser investigado. “Es un caso muy grande para nosotros y hay muchísimas aristas que hay que investigar”, enfatizó.
El caso se desprendió a partir de la supuesta compra de 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco, un negocio que nunca se concretó, pero que logró captar la atención de los colonos, según las investigaciones.
Por el hecho fueron a prisión preventiva el ex funcionario del Congreso, Willian Bogarín y la abogada Ilsa Paredes, imputados por estafar a una familia de colonos menonitas.
Mientras que el abogado José Ljubetic obtuvo el arresto domiciliario, ya que cuenta con más de 70 años.
Se presume que todos ellos formaban parte de un esquema criminal que llegó a estafar por USD 1.600.000, en la venta de tierras que resulta ser fraude.
De acuerdo a la investigación, los hermanos Bernardo Friessen Neufeld, Herman Friessen Neufeld y David Friessen Neufeld eran engañados desde el 2017.
Ljubetic, dueño de un estudio jurídico y de una supuesta inmobiliaria, tras ganarse su confianza, les había propuesto gestionar la compra de dos propiedades, de un total de 8.000 hectáreas, en la zona de Mariscal Estigarribia.
La abogada Elga Escobar, directora de Transparencia y Anticorrupción del Indert, explicó que se entregó a la Fiscalía documentación relativa a un esquema que involucraría a 5 funcionarios del ente, quienes ya fueron separados de sus cargos con miras al inicio de un sumario administrativo.
Según la alta funcionaria, estas personas serían integrantes de una red de estafa que operaba durante la anterior administración en el ente rural.
Por su parte, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, dejó en claro que desde su administración están abiertos a colaborar con el Ministerio Público en caso de que se decida ampliar la investigación.
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