El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que solicitó apoyo al Ministerio Público para que se ponga a disposición de la justicia a los líderes indígenas que “se aprovechan de las necesidades de sus pueblos” y traen a los miembros de sus comunidades a que se movilicen en la ciudad de Asunción, cerrando constantemente la avenida José Gervasio Artigas, específicamente frente a la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).
El secretario de Estado señaló que los fiscales Nancy Salomón y Augusto Salas, fueron los designados para intervenir en relación al caso.
Riera habló de una situación difícil, acotando que los problemas de los pueblos originarios ya son de larga data y requieren de toda una tarea social para ser resueltos.
Además subrayó que la cuestión se torna más compleja debido a que los cabecillas de las comunidades utilizan como escudos a mujeres y niños para impedir así cualquier intento de uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional para garantizar la libre circulación en la zona bloqueada.
Riera reveló que una de las eventuales soluciones sería la creación de dos sedes del INDI, una en la Región Occidental y otra en la Oriental, para que las comunidades puedan tener cerca a representantes de la autoridad rectora de sus asuntos.
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