Los diputados dieron media sanción a un proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos o cualquier medio de comunicación, electrónico o no, en los centros penitenciarios y centros educativos”.
La normativa busca fortalecer la seguridad del sistema penitenciario nacional y ahora pasa a consideración de la Cámara de Senadores.
El proyectista, diputado José Rodríguez, explicó que la propuesta fue elaborada en coordinación con el Ministerio de Justicia.
Tiene como fin, frenar el uso de dispositivos móviles dentro de las penitenciarías, situación que “genera graves consecuencias para la seguridad pública y el sistema penitenciario en su conjunto”, según afirmó el congresista.
“Queremos garantizar el derecho a la defensa, pero siempre bajo autorización expresa de las autoridades penitenciarias. Este proyecto también contempla sanciones penales para los funcionarios que permitan o participen del ingreso irregular de estos dispositivos”, expresó.
Durante el tratamiento del documento, el diputado Pedro Ortiz, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, respaldó la propuesta.
Seguidamente, informó sobre la incorporación de una modificación de forma: la expresión “en contexto de encierro”.
Esto se da tanto en el acápite como en el artículo primero, cuando se habla de los centros educativos, para una mayor claridad en lo que pretende la ley, precisó el legislador.
La diputada Rocío Vallejo, reconoció la importancia del proyecto, aunque advirtió ciertas inconsistencias en los marcos penales propuestos.
El proyecto establece, entre otros puntos, que quienes ingresen sin autorización estos equipos a las penitenciarías, incluyendo abogados, proveedores o personas con permisos especiales, podrán ser sancionados con hasta cinco años de prisión.
En caso de que el autor sea un funcionario público o preste servicio en el sistema penitenciario, la pena se elevaría hasta siete años.
Asimismo, prevé la penalización de la tentativa de este tipo de actos, fortaleciendo, de ese modo, el marco legal para desalentar conductas que atenten contra la seguridad institucional.
Fuente: Cámara de Diputados
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