Decenas de miles de filipinos llenaron ayer las calles de Manila y otras ciudades del país para denunciar el escándalo de corrupción relacionado con los proyectos de control de inundaciones, que según estimaciones oficiales habrían causado pérdidas por más de 2000 millones de dólares en dos años.
La manifestación principal tuvo lugar, 21 de setiembre, en el Monumento al Poder Popular de EDSA, lugar simbólico de la revuelta de 1986 contra la dictadura de Ferdinand Marcos Sr., dictador y padre del actual presidente.
La concentración, rebautizada como «Trillion Peso March», contó con la participación de más de 80.000 personas, unidas por organizaciones civiles, comunidades religiosas, estudiantes, parlamentarios y exfuncionarios públicos. Junto a los ciudadanos se alinearon los obispos católicos y otras Iglesias cristianas, en primera línea para pedir verdad, justicia y transparencia.
El presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Filipinas (CBCP), el cardenal Virgilio Pablo David, afirmó que la corrupción «no es solo robar dinero público, sino robar el futuro cuando las casas se inundan, cuando se destruye la naturaleza y se desvanecen las oportunidades de nuestros hijos». Por ello, lanzó un llamamiento urgente al Parlamento, al poder judicial y a los organismos de control para que «aceleren las investigaciones y los juicios, y aseguren que los responsables rindan cuentas ante la justicia».
Según el cardenal David, la respuesta de la Iglesia es clara: la solución a la corrupción no es un aumento de las ejecuciones, sino una reforma más profunda del sistema judicial, un sistema que proteja a los débiles y haga realmente responsables a los poderosos.
«El pueblo se está levantando con ira. La Iglesia está con ellos y comparte su dolor, su frustración y su indignación. La Iglesia no puede permanecer en silencio, porque el mismo Señor rechaza un culto que no esté unido a la justicia», declaró monseñor Patricio Abella Buzon, de Bacolod.
«El pueblo ha hablado alto y claro: basta de impunidad. Pedimos justicia, pedimos responsabilidad», dijo monseñor Gerardo Alimane Alminaza, de San Carlos City.
«La corrupción no es solo una cuestión política: es una profunda crisis espiritual y moral. En su raíz, la corrupción es el fruto podrido de la codicia, encarnación de los siete pecados capitales», afirmó monseñor Louie Patalinghug Galbines, de Kabankalan.
Monseñor Elias Ayuban Jr., de Cubao, añadió que la protesta es «un llamamiento a la unidad del pueblo y a su lucha constante por la justicia y el cambio».
La protesta se llevó a cabo en varios lugares: además de EDSA, unas 49.000 personas se reunieron pacíficamente en Luneta Park, mientras que en Baguio City una marcha de 5000 participantes contó con la presencia de congregaciones religiosas y de una veterana de la «Revolución EDSA», la hermana Imaya Calingayan, benedictina de 62 años. «Hoy veo la misma dictadura corrupta», dijo la religiosa, que en 1986 repartía comida a los manifestantes.
No faltaron momentos de tensión en Manila: al menos 113 personas fueron detenidas por lanzar piedras, dañar propiedades y quemar llantas, mientras que 93 agentes resultaron heridos.
La ola de indignación estalló tras revelarse que casi 30 parlamentarios y funcionarios habrían recibido sobornos millonarios por proyectos de infraestructura.
El presidente Ferdinand Marcos Jr. anunció una investigación independiente y renunció a asistir a la Asamblea General de la ONU para seguir de cerca la crisis interna.
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