La familia Lindstron, residente desde hace décadas en la zona de Paso Itá, distrito de Horqueta, denuncia haber sido víctima de un procedimiento considerado irregular y arbitrario que derivó en el despojo de la propiedad que ocupan. Los hechos involucran actuaciones judiciales y fiscales cuestionadas por las afectadas, así como la presencia de civiles armados durante y después del operativo oficial.
Según los antecedentes, en 2010 el ciudadano alemán Klaus Smith inició una demanda contra Luis Lindstron, quien había trabajado la finca por más de veinte años. Tras el fallecimiento de Lindstron en 2013, sus hijas continuaron al frente de la propiedad y se integraron al proceso judicial. Posteriormente, el expediente fue declarado caduco por inactividad del accionante.
La familia señala que el 4 de noviembre Klaus Smith ingresó al inmueble con una resolución firmada por el juez Alberto Panza. Afirman que no hubo notificación previa a Silvia Lindstron, poseedora del campo, y que la resolución aún no estaba firme al momento del ingreso. También aseguran que la propiedad no estaba abandonada, sino en rotación de pasturas, una práctica habitual en la producción ganadera.
Para las hermanas Lindstron, este ingreso fue sorpresivo y se produjo sin que se les permitiera ejercer su derecho a defensa en un proceso que —según sostienen— ya había fenecido por caducidad. El 14 de noviembre, el fiscal Joel González llegó al lugar acompañado por una importante comitiva policial. Testigos estiman la presencia de unos 50 agentes, aunque la familia sostiene que, según videos revisados, podrían haber sido cerca de 100.
De acuerdo con la denuncia, no existía orden de allanamiento ni de desalojo. Pese a ello, el fiscal habría exigido la salida inmediata de Silvia Lindstron y de los trabajadores, bajo amenaza de detención. La familia decidió retirarse dejando animales, maquinarias y objetos personales, los cuales quedaron bajo custodia del abogado de Smith.
Las Lindstron califican el procedimiento como un despojo que se habría ejecutado sin las garantías mínimas del debido proceso. La familia también expresa preocupación por la presencia, durante y después del operativo, de personas ajenas al procedimiento, entre ellos miembros de la familia Olmedo–Urquhart. Mencionan específicamente a Rodolfo Urquhart, quien —según indican— cuenta con antecedentes y causas pendientes.
En videos grabados el día del operativo se observaría una camioneta Hyundai Santa Fe vinculada a este grupo acompañando a la comitiva fiscal-policial. Los denunciantes sostienen que la presencia de civiles armados en un procedimiento estatal constituye un hecho grave que debe ser investigado. El día siguiente al operativo, Amalia Lindstron habría sido interceptada mientras transitaba por un camino usado como servidumbre de paso.
Denuncia que dos hombres, entre ellos Urquhart, descendieron armados de una camioneta y le exigieron retirarse del lugar bajo amenazas.
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