El abogado Rodrigo Yódice, representante legal del Banco Atlas, cuestionó el proceso abierto en el denominado caso Conmebol y denunció supuestas limitaciones al derecho a la defensa.
En declaraciones, el jurista señaló que más que una denuncia formal, buscan expresar su “absoluta desaprobación” ante lo que considera una “pretendida censura” al ejercicio de la defensa, al tratarse —según afirmó— de un principio básico e inviolable en cualquier proceso que pueda derivar en sanciones.
Yódice indicó que el equipo jurídico plantea objeciones al acta de imputación, al sostener que el documento presenta “una ilegalidad manifiesta”. En ese sentido, afirmó que no existe una descripción detallada de las conductas atribuidas a cada uno de los investigados por presunto lavado de activos.
“El imputado debe conocer concretamente qué se le atribuye y cómo se configura la acción penal. Eso no está expuesto en el acta, que si bien tiene 52 páginas, presenta un vacío absoluto”, sostuvo.
El abogado también rechazó que la defensa busque dilatar u obstruir la investigación, asegurando que, por el contrario, mantienen una postura proactiva, aunque sin renunciar —dijo— a las garantías procesales básicas.
En relación con el caso del exdirigente Nicolás Leoz, Yódice afirmó que las primeras alertas sobre operaciones sospechosas fueron reportadas por el Banco Atlas. No obstante, indicó que una auditoría realizada en 2015 habría determinado que las operaciones atribuidas a Leoz no guardaban relación con dicha entidad.
Asimismo, explicó que, según informes de inteligencia financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), los fondos investigados fueron transferidos a cuentas en el exterior y posteriormente constituidos en fideicomisos, manteniendo trazabilidad.
El representante legal sostuvo además que el Banco Atlas “nunca recibió directamente” fondos provenientes de cuentas de la Conmebol, de Leoz o de transferencias internacionales vinculadas al caso. Añadió que las operaciones entre el exdirigente y la entidad se remontan a 2002, cuando el banco aún operaba como financiera, y estaban relacionadas al sector inmobiliario.
Finalmente, Yódice consideró que el proceso presenta características de “acción penal selectiva y sesgada”, sugiriendo que existirían motivaciones ajenas al ámbito estrictamente jurídico.
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