El Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la cancelación de la matrícula profesional del senador colorado Hernán Rivas. La petición se da pese a que recientemente fue sobreseído en la causa relacionada con un presunto título falso.
A través de un comunicado, el CAP expresó su profunda preocupación ante lo que considera “una amenaza grave al principio de igualdad ante la ley”. En ese sentido, instó al pleno de la Corte a actuar conforme a sus atribuciones legales.
“Este Colegio insta al pleno de la Corte Suprema de Justicia a que, en ejercicio de las facultades que le confiere la legislación actual del ejercicio de la profesión de abogado en la República, proceda de manera inmediata a la cancelación de la matrícula profesional del señor Hernán David Rivas Román”, señala el documento.
El gremio también destacó que Rivas, además de ser senador de la Nación, integró el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), un órgano de alta responsabilidad institucional.
“La participación de representantes del Congreso Nacional en dicho órgano supone, en razón de la alta responsabilidad que le es consustancial, la exigencia de una irreprochabilidad pública que trasciende con amplitud los requisitos formales del cargo”, añade el comunicado.
Asimismo, el CAP aclaró que no se pronuncia sobre la responsabilidad penal del legislador, ya que esta debe ser determinada en un juicio oral con todas las garantías. Sin embargo, cuestionó con firmeza la resolución judicial que lo benefició.
“Lo que sí señala con toda la firmeza que le impone su misión institucional es que la resolución dictada el 30 de marzo de 2026 por un Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, mediante la cual se decretó el sobreseimiento definitivo del senador, presenta inconsistencias argumentativas de tal entidad que no permiten tenerla como expresión de un razonamiento judicial sereno”, afirmó.
La preocupación institucional se intensifica ante denuncias de presuntas presiones o amenazas a agentes fiscales que intervienen en la causa, con el objetivo de impedir o desalentar la revisión del fallo ante la Corte Suprema.
“El CAP repudia enérgicamente cualquier forma de intimidación contra operadores del sistema de justicia y reafirma que la independencia del Ministerio Público y la integridad de sus miembros son presupuestos indispensables del Estado de Derecho”, refiere el escrito.
Asimismo, subraya, “el CAP confía en que la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, con la serenidad y el rigor analítico que le son propios, habrá de examinar la resolución cuestionada y advertir las falencias que la comprometen”.
Finalmente, subrayaron la importancia de la igualdad ante la ley:
“La sociedad paraguaya tiene derecho a que sus instituciones no claudiquen ante el poder político ni ante la amenaza; tiene derecho, en suma, a que la ley sea una y la misma para todos, sin distinción del cargo que se ostente ni de la investidura que se invoque”.
Cabe recordar que, la Cámara de Apelaciones resolvió sobreseer al legislador al considerar que el hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso había prescrito, lo que impide la configuración de un tipo penal.
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