El ministro del Interior, Enrique Riera, reveló cifras alarmantes sobre el sistema judicial paraguayo, señalando que actualmente existen más de 7,900 personas bajo el régimen de arresto domiciliario. Ante esta situación, el secretario de Estado cuestionó la efectividad de las medidas de restricción vigentes y urgió a implementar de manera masiva el uso de tecnología de vigilancia.
Riera calificó como «ilusorias» las prohibiciones de acercamiento que establece la ley, especialmente en casos de violencia doméstica. Según el ministro, las órdenes de restricción de 300 metros son insuficientes para garantizar la seguridad de las víctimas.
«Dígame usted si es que un violento se acerca a alguna de sus colegas a 300 metros, ¿qué policía puede llegar?», cuestionó el funcionario, subrayando la vulnerabilidad de las mujeres y niños bajo el sistema actual.
A pesar de contar con un cupo previsto de 1,000 tobilleras electrónicas, el sistema apenas ha superado el uso de 200 dispositivos. Riera enfatizó que el Ministerio del Interior, junto al Ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, busca que el Poder Judicial y la Fiscalía aceleren la aplicación de esta herramienta por tres razones fundamentales:
Monitoreo constante: Permite un control policial las 24 horas del día.
Descompresión penitenciaria: Ayudaría a «vaciar las cárceles» al ofrecer una alternativa segura a la prisión preventiva.
Sostenibilidad: El Estado se hace cargo del costo del dispositivo si el procesado no puede costearlo, asegurando que la falta de recursos no sea una barrera para la seguridad pública.
Finalmente, el titular de la cartera del Interior reiteró que la decisión final recae sobre jueces y fiscales, con quienes ya se encuentran trabajando para convertir el uso de tobilleras en una medida alternativa prioritaria y mucho más segura que el arresto domiciliario convencional.
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