El exsenador y exgobernador de Guairá, Rodolfo Friedmann, enfrentará un juicio oral y público tras la decisión del juez Rodrigo Estigarribia. La acusación fiscal sostiene que, durante su mandato departamental entre 2013 y 2018, lideró un esquema delictivo diseñado para desviar fondos destinados a la merienda escolar. El magistrado ratificó la elevación de la causa tras una extensa audiencia preliminar donde se rechazaron los pedidos de nulidad presentados por la defensa.
El núcleo de la investigación señala que Friedmann habría controlado y dirigido de forma oculta la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA), a pesar de que formalmente figuraban otros socios. Según la Fiscalía, el entonces gobernador utilizó su cargo para adjudicar a esta firma contratos por más de Gs. 16.000 millones. Para asegurar el control del esquema, habría impuesto en la estructura societaria a personas de su extrema confianza, incluyendo a su primo, Silvio Alfaro, y a su contadora personal.
Junto al exlegislador, también irán a juicio Silvio Álvaro Alfaro Bertolo, la contadora Lourdes González de Melgarejo y el exfuncionario Eduardo Domínguez. Todos están procesados por presunta administración en provecho propio y lavado de dinero. Cabe destacar que el juez dictó el sobreseimiento definitivo de Marly Figueredo, esposa de Friedmann, quien quedó fuera del proceso luego de que la Fiscalía ratificara que no existían pruebas suficientes para llevarla a juicio.
El Ministerio Público sostiene que los beneficios económicos obtenidos de la licitación de alimentos fueron utilizados para gastos personales suntuosos. Entre las pruebas se mencionan la compra de una camioneta de alta gama, el financiamiento de costosos viajes al exterior y la adquisición de obras de arte. Aunque el juez descartó el cargo de cohecho pasivo agravado por una cuestión de lógica jurídica —argumentando que uno no puede coimearse a sí mismo—, mantuvo los cargos más graves relacionados con el manejo irregular de los fondos.
Por su parte, Rodolfo Friedmann niega rotundamente las acusaciones, afirmando que su patrimonio fue verificado por la Contraloría sin hallarse irregularidades. En su declaración, argumentó que el proceso de licitación fue realizado por un comité técnico de carrera y que no existió lesión de confianza ni malversación de fondos públicos. Ahora, será un Tribunal de Sentencia el encargado de determinar la veracidad de estas pruebas y dictar una condena o absolución en el juicio oral.
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