El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio «Bachi» Núñez, rechazó tajantemente la denuncia presentada por el abogado y funcionario legislativo Rubén Penayo, a quien señaló como un exoperador político del Frente Guasu que busca «mancillar su nombre» ante la justicia.
Núñez argumentó que los cuestionamientos sobre nombramientos sin concurso carecen de autoridad moral, ya que el propio denunciante habría ingresado a la institución bajo esa misma modalidad a pedido de una bancada política.
Asimismo, el legislador atribuyó la acción judicial a un presunto descontento por la falta de aumentos salariales significativos durante su gestión, detallando que Penayo experimentó constantes recategorizaciones en periodos anteriores hasta alcanzar una remuneración de 16 millones de guaraníes.
En su defensa, Núñez exhibió dictámenes del Ministerio de Economía y de la Contraloría General de la República que avalan la legalidad del cobro de bonificaciones y la gestión administrativa de los fondos del Congreso, poniéndose a disposición de las autoridades judiciales bajo el patrocinio del abogado Oscar Tuma.
Por último, el senador insinuó que detrás de la denuncia existen sectores políticos interesados en perjudicar su imagen, aunque aseguró que no tomará represalias administrativas inmediatas y se enfocará en demostrar su inocencia a través de la verdad y los asideros legales correspondientes.
Defensa de Basilio Núñez califica de «tragicomedia» denuncia de funcionario y cuestiona su autoridad moral
El abogado Oscar Tuma, representante legal del senador Basilio «Bachi» Núñez, calificó como una «tragicomedia» la denuncia presentada por el funcionario Rubén Penayo por presunta lesión de confianza y otros delitos, argumentando que los hechos denunciados resultan descabellados.
Según el representante legal, Penayo incurre en una contradicción al objetar actos administrativos como nombramientos y bonificaciones indebidas, cuando él mismo y su esposa habrían accedido a los mismos beneficios y cargos sin concurso previo.
Tuma detalló que el denunciante ingresó a la institución por «cupo político» en 2016 y obtuvo sucesivos aumentos salariales en 2018, 2021 y 2025, llegando a percibir junto a su cónyuge —quien se desempeña en la Secretaría Nacional de Deportes— una suma cercana a los 50 millones de guaraníes mensuales.
Por su parte, el presidente del Congreso desestimó la acusación calificándola como un intento de extorsión derivado de un presunto enojo por no haber recibido aumentos mayores durante la última etapa, reafirmando que su gestión cuenta con el respaldo de dictámenes del Ministerio de Economía y la Contraloría General de la República.
Finalmente, la defensa de Núñez sostuvo que esta exposición mediática terminará perjudicando a los propios denunciantes, dado que sus cuestionamientos sobre tráfico de influencias y contrataciones recaen sobre el mismo esquema que permitió su vinculación laboral.
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