El fiscal Christian Benítez presentó acusación y solicitó la apertura de juicio oral y público contra la abogada Egidia Victoria Gómez Denis, exagente fiscal de la Unidad Penal N.º 3 de la Fiscalía Zonal de Villa Elisa, por la presunta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y ejecución penal, ambos en calidad de autora.
Según la investigación, entre mayo y diciembre de 2021, la entonces representante del Ministerio Público habría montado un esquema para favorecer al procesado Walter José Galindo Domínguez, investigado en la causa N.º 1062/2021 por narcotráfico, tenencia de armas y reducción, tras haber sido detenido con 1 kilo 300 gramos de cocaína.
De acuerdo con la acusación, Gómez Denis habría abandonado el principio de objetividad a cambio de importantes sumas de dinero, beneficiando presuntamente al imputado mediante maniobras destinadas a obstaculizar la investigación penal.
Las sospechas cobraron fuerza tras el análisis de llamadas telefónicas interceptadas judicialmente. Según la Fiscalía, los audios revelan que la entonces agente mantenía bajo su control personal evidencias clave dentro de su despacho y que habría demorado el envío de dichos elementos a depósitos oficiales debido a supuestos retrasos en pagos prometidos por la defensa del presunto narcotraficante.
Uno de los hechos centrales del caso ocurrió el 1 de julio de 2021, cuando la fiscal firmó la Resolución N.º 58 ordenando la entrega de una camioneta Ford Ranger, con chapa WBZT 585, incautada durante un allanamiento. La Fiscalía sostiene que la entrega se realizó sin pericias ni verificaciones y mediante un poder especial con firmas presuntamente falsificadas.
El Ministerio Público también expone conversaciones telefónicas en las que Walter Galindo habría afirmado que la fiscal “iba a atajar el expediente” para impedir que otras instituciones detectaran irregularidades relacionadas con bienes incautados.
Además, una comunicación interceptada el 30 de junio de 2021 involucra a un intermediario que, presuntamente desde la oficina de la agente fiscal, informó al procesado sobre supuestas gestiones para favorecerlo judicialmente.
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción considera agotada la etapa investigativa y sostiene que existen elementos suficientes sobre la presunta participación de la acusada en los hechos investigados.
El requerimiento conclusivo fue presentado ante el juez penal de garantías Humberto Otazú, a quien se solicitó admitir la acusación, validar las pruebas documentales y telefónicas incorporadas y elevar la causa a juicio oral y público.
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