El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una causa penal y la conformación de un equipo especializado de agentes fiscales para investigar denuncias relacionadas con un supuesto perjuicio patrimonial al Estado mediante la contratación y difusión de contenidos comunicacionales ajenos al interés público, así como un eventual desvío de recursos destinados a programas de asistencia social.
Para llevar adelante las pesquisas fueron designadas las fiscales Marlene Concepción González y Laura Giacummo, ambas de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, además de Ruth Benítez, integrante de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos.
La coordinación del equipo investigador estará a cargo de la fiscal adjunta Nancy Salomón.
La decisión fue adoptada a partir de las denuncias presentadas por los diputados nacionales Raúl Benítez, Adrián Vaesken, Mauricio Espínola y Rocío Vallejo.
Los legisladores señalaron la supuesta contratación y difusión de contenidos comunicacionales ajenos al interés público a través de campañas digitales en plataformas publicitarias, situación que, según sostienen, habría generado un perjuicio patrimonial al erario público.
Asimismo, el Ministerio Público tomó en consideración una denuncia formulada por el ciudadano Hugo Javier Portillo Sosa, representado por los abogados Cecilia Pérez Rivas y Ezequiel Santagada.
De acuerdo con esa presentación, recursos públicos destinados a programas de asistencia social habrían sido utilizados para financiar campañas sistemáticas de hostigamiento digital contra periodistas y figuras públicas.
La investigación se encuentra en etapa inicial y tendrá como objetivo determinar la existencia o no de hechos punibles relacionados con el uso de fondos estatales, así como identificar a los eventuales responsables en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas.
Fuente: Ministerio Público
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