Una presunta vulneración de seguridad y fraude bancario fue denunciada públicamente por Delmis Martínez, clienta del banco Itaú Paraguay, quien aseguró haber sido víctima de operaciones no autorizadas que derivaron en el vaciamiento de sus cuentas y la generación de una deuda que afirma no haber solicitado.
Según relató la afectada, el pasado 30 de mayo detectó a través de la aplicación móvil de la entidad una serie de movimientos irregulares realizados sin su consentimiento. La situación se produjo apenas un día después de haber percibido su salario mensual, cuyos fondos, según denunció, fueron consumidos en su totalidad mediante transacciones fraudulentas.
Entre las operaciones cuestionadas figuran pagos de servicios a comercios desconocidos, consumos con tarjeta de crédito por aproximadamente G. 35 millones y la aprobación y desembolso de un préstamo por G. 50 millones. Martínez sostuvo que nunca gestionó ni solicitó dicho crédito y afirmó que en ningún momento compartió con terceros sus credenciales de acceso, contraseñas o códigos de seguridad.
Tras advertir las irregularidades, la clienta procedió al bloqueo inmediato de sus cuentas y tarjetas a través del servicio de atención telefónica de la entidad. Según indicó, durante ese contacto se le habría confirmado inicialmente la existencia de movimientos fraudulentos.
No obstante, cuestionó que hasta la fecha el banco no haya proporcionado una explicación técnica sobre la forma en que terceros habrían accedido a sus cuentas desde un dispositivo desconocido ni cómo fue posible concretar operaciones por montos elevados sin la activación de alertas o mecanismos de prevención.
La denunciante también expresó su disconformidad con la respuesta recibida por parte de la entidad financiera, al considerar que se intenta atribuir la responsabilidad del hecho a un supuesto manejo inadecuado de sus claves personales, sin presentar pruebas que respalden dicha hipótesis.
Ante esta situación, Martínez exige la restitución total de los fondos sustraídos de su cuenta salario, la anulación definitiva del préstamo que considera fraudulento y la reversión de los consumos realizados con su tarjeta de crédito. Asimismo, reclama una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer las circunstancias que permitieron el presunto fraude y determinar eventuales responsabilidades.
Fuente: Cuarto Poder
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