El juicio oral y público que se le sigue a las exautoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes ingresó de forma oficial a sus etapas determinantes. Durante la mañana de este viernes, el agente fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Francisco Cabrera, expuso los alegatos finales del Ministerio Público ante el Tribunal de Sentencia, requiriendo una pena de dos años y seis meses de cárcel para el exministro Óscar Boidanich.
De acuerdo con la argumentación presentada por el representante fiscal, durante el desarrollo del juzgamiento quedó plenamente demostrado que Boidanich cometió el hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal en beneficio de Darío Messer, conocido operador financiero regional. La acusación sostiene que, en su carácter de ministro-secretario ejecutivo de la institución, el encausado retardó de manera deliberada la entrega de un Informe de Inteligencia Financiera clave.
«Ha quedado probado que entre el 28 de junio de 2017 y el 16 de abril de 2018, desde la Seprelad, Óscar Boidanich, conjuntamente con otras funcionarias, demoraron injustificadamente la remisión al Ministerio Público del Informe de Inteligencia Financiera, pese a que el mismo se hallaba concluido desde junio de 2017», enfatizó el fiscal Cabrera. Esta dilación de casi diez meses impidió que los órganos jurisdiccionales abrieran una causa penal oportuna y puso en severo riesgo el secuestro o comiso de los cuantiosos bienes acumulados ilícitamente por el ciudadano brasileño en territorio paraguayo.
Las pericias fiscales expuestas en la sala de audiencias revelaron que la firma CHAI S.A., propiedad de Messer, había sido reportada formalmente a la Seprelad por el Banco Continental en el año 2016. Asimismo, sus estructuras comerciales ya arrastraban alertas previas emitidas por Sudameris Bank en 2012 y el Banco Nacional de Fomento en 2015, factores que provocaron que al año siguiente fuera calificado bajo la categoría de «sujeto de riesgo alto». Pese a la acumulación de datos que involucraban además a Juan Pablo Jiménez Viveros, la administración de Boidanich ignoró los dictámenes internos. Los informes solo fueron remitidos a la Fiscalía en 2018, una vez que la situación cobró masivo estado público en los medios de prensa, constatándose incluso que en el reporte remitido se obviaron párrafos completos que vinculaban directamente a Messer con el jefe de Estado de aquel periodo.
Al momento de dosificar los dos años y medio de condena solicitados, el fiscal Cabrera aclaró al Tribunal que consideró una serie de elementos atenuantes a favor de Boidanich. Entre ellos, destacó que el procesado carece de antecedentes penales previos, posee una condición profesional apta para la reinserción social y demostró una correcta conducta procesal junto a sus defensores, evitando maniobras dilatorias a lo largo del litigio. De igual modo, ponderó que, si bien se retardó el proceso, finalmente no se afectó el comiso definitivo de los activos gracias a una resolución judicial autónoma que ordenó la confiscación de las propiedades de Messer.
Por su parte, la defensa técnica de Boidanich, ejercida entre otros por el abogado Claudio Lovera, adelantó su postura exculpatoria al señalar que el Ministerio Público ya manejaba datos sobre el cambista con anterioridad a los reportes de Seprelad. Lovera argumentó que la investigación penal formal contra Messer se inició recién en mayo de 2018, quince días después de recepcionado el informe de inteligencia, y motivada primordialmente por un pedido de cooperación judicial internacional remitido desde el Brasil. Asimismo, alegó que en la fecha exacta en que se concretó la remisión del informe institucional, Óscar Boidanich se encontraba usufructuando un permiso especial, quedando el despacho a cargo de una ministra interina.
Tras escuchar la conclusión de los requerimientos de la Fiscalía, el Tribunal de Sentencia —presidido por el juez Darío Báez e integrado por las magistradas Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos— determinó un receso en las deliberaciones. La continuidad del juicio oral quedó calendarizada para el próximo jueves 16 de julio, jornada en la cual se otorgará el uso de la palabra a los representantes legales de los acusados Óscar Boidanich, Melissa Parodi y Raquel Cuevas para la presentación de sus correspondientes alegatos conclusivos antes de la deliberación del fallo definitivo.
Discussion about this post