El fiscal Francisco Martínez, de la Unidad Penal N.° 10 de Encarnación, informó que el equipo fiscal que investiga el derrumbe de un edificio en construcción, ocurrido el 2 de abril de 2025, ya cuenta con el informe pericial definitivo elaborado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). El documento, entregado más de un año después del siniestro, confirma la hipótesis sostenida por el Ministerio Público desde el inicio de la investigación.
En entrevista con Radio 1000, el agente fiscal explicó que el análisis técnico ratifica tanto las causas del colapso como la responsabilidad de las personas imputadas, por lo que la Fiscalía se encuentra en la etapa final de recolección de pruebas para presentar la acusación formal.
Martínez señaló que la pericia determinó que la estructura presentaba deficiencias en el hormigón, lo que comprometió la capacidad del edificio para soportar el peso adicional generado por las sucesivas ampliaciones. Según explicó, el proyecto original fue aprobado para cinco pisos, pero posteriormente la construcción se extendió hasta ocho niveles, pese a que las bases no estaban diseñadas para soportar esa carga.
El fiscal sostuvo que el informe técnico también respalda la tesis de que la responsabilidad no recae únicamente en quienes ejecutaron la obra, sino también en las autoridades y funcionarios que autorizaron la continuidad de la construcción sin el debido respaldo técnico.
«La pericia nos da la razón y confirma la responsabilidad de las personas que fueron imputadas», afirmó.
La causa es investigada por los presuntos hechos punibles de homicidio culposo e intervención peligrosa en lugares de trabajo, debido a que el derrumbe ocasionó la muerte de dos personas que se encontraban dentro del edificio al momento del colapso.
Los imputados en la causa son el intendente municipal, Luis Yd (Alianza); el director de Obras de la Municipalidad, Orlando René Miglio; el arquitecto de la construcción, Roberto Faustino Ramírez Faría; la propietaria del inmueble en construcción, Ramona Teresa Bogado Benítez; y el sereno de la obra, Roberto Montiel Cabral.
Martínez explicó que la imputación contra el jefe comunal se fundamenta en que, como máxima autoridad municipal, autorizó las ampliaciones sobre la base de dictámenes técnicos que, de acuerdo con la investigación, no estuvieron respaldados por verificaciones adecuadas. A criterio del Ministerio Público, la responsabilidad alcanza tanto a los funcionarios encargados de la fiscalización técnica como a la autoridad que finalmente aprobó las ampliaciones.
El fiscal añadió que una de las ampliaciones fue ejecutada incluso sin el permiso correspondiente y que, pese a la imposición de una multa a la propietaria, la construcción continuó sin que se realizaran inspecciones para verificar si la estructura podía soportar el incremento de carga.
Finalmente, indicó que el plazo de investigación vence en septiembre y estimó que no será necesario solicitar una prórroga, ya que el Ministerio Público continúa realizando diligencias complementarias con el objetivo de reunir los últimos elementos probatorios antes de presentar la acusación contra los cinco imputados.
Discussion about this post