El Ministerio Público imputó al ciudadano brasileño Ismael Fenner, a quien sindica como una de las principales piezas de una estructura dedicada a ofrecer de manera fraudulenta programas de posgrado sin habilitación oficial, utilizando el nombre de instituciones de educación superior paraguayas.
La investigación está a cargo del agente fiscal Aldo Cantero, de la Unidad Penal N.° 13, quien sostiene que el imputado habría captado a numerosos estudiantes, en su mayoría de nacionalidad brasileña, mediante la promoción de supuestas maestrías y doctorados con presunta validez internacional.
De acuerdo con la pesquisa, para otorgar una apariencia de legitimidad a los programas académicos, Fenner habría elaborado y distribuido diversos documentos falsificados, entre ellos resoluciones administrativas, certificados, diplomas, programas de estudio, además de sellos, etiquetas holográficas y otros mecanismos de legalización apócrifos.
La Fiscalía estima que el perjuicio económico ocasionado a las víctimas sería significativo, ya que cada programa ofrecido tenía un costo aproximado de 30.000 reales brasileños por estudiante.
Investigación
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). El caso surgió luego de que representantes del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS) solicitaran la verificación de documentos utilizados para realizar trámites en Brasil.
Tras el análisis correspondiente, la Dirección de Universidades e Institutos Superiores (DUIS) del MEC confirmó que la resolución presentada era inexistente y que el funcionario que supuestamente la había firmado nunca ejerció el cargo consignado en el documento, lo que evidenció una presunta falsificación documental.
Medidas cautelares
Atendiendo al riesgo de fuga, debido a los vínculos que el imputado mantiene en Brasil, el Ministerio Público solicitó al juzgado la aplicación de arresto domiciliario, la prohibición de salida del país y la imposición de una fianza real de G. 2.000 millones, con el objetivo de garantizar su sometimiento al proceso penal.
Fuente: Ministerio Público
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