El Ministerio Público sostiene que más de G. 11.200 millones destinados a obras en el Hospital Regional de Ciudad del Este fueron desviados y direccionados a través del Consejo Local de Salud. La Fiscalía atribuye a la administración municipal un perjuicio patrimonial de G. 757.166.276.
La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público presentó acusación y solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa penal N.º 8.542/2020, que involucra al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y a Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Fabiana Romero Escobar.
De acuerdo con el dictamen presentado ante el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del 1.er Turno, los fiscales Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez y Silvio I. Corbeta Dinamarca atribuyen a Prieto Vallejos la presunta autoría del hecho punible de lesión de confianza, mientras que Martínez Insfrán y Romero Escobar son señalados como cómplices.
Transferencias por más de G. 11.200 millones
Según la acusación fiscal, entre 2019 y 2022, durante la administración de Prieto, fueron transferidos G. 11.295.555.300 al Consejo Local de Salud. Los recursos provenían de cánones, dársenas y alquileres de la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este.
La Fiscalía sostiene que el dinero debía ser destinado a mejoras edilicias y adquisición de equipamientos para el Hospital Regional de Ciudad del Este, pero que la transferencia al Consejo Local de Salud habría sido utilizada para eludir los controles establecidos por la Ley N.º 2051/03 de Contrataciones Públicas y la fiscalización de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La investigación también habría detectado la falta de designación de fiscalizadores de obras, deficiencias en la planificación técnica y el incumplimiento de normas internas de control institucional.
Fiscalía habla de contratos direccionados
De acuerdo con el Ministerio Público, a través del Consejo Local de Salud fueron adjudicados ocho contratos principales a las empresas M&M Constructora, vinculada a Cinthia Noelia Alen Guerrero, y SERVMAQ, de Fredy Guzmán Martínez.
La Fiscalía sostiene que M&M Constructora funcionaba en realidad como un estudio contable de una funcionaria municipal y que no contaba con la capacidad técnica ni la infraestructura necesarias para ejecutar obras.
Uno de los contratos, por un monto superior a G. 3.075 millones, habría sido suscrito y cobrado en concepto de anticipo por G. 500 millones antes de que el Consejo Local de Salud realizara formalmente la evaluación de las ofertas, según la acusación.
Perjuicio patrimonial de G. 757 millones
El Informe Técnico N.º 18/2025 del Laboratorio Forense del Ministerio Público estableció, según la Fiscalía, un perjuicio patrimonial directo de G. 757.166.276 para la comuna, atribuido a obras inconclusas, sobrevaloradas o que no habrían sido ejecutadas.
El supuesto perjuicio se distribuye de la siguiente manera:
- M&M Constructora: G. 505.154.095.
- SERVMAQ: G. 252.012.181.
Como sustento de la acusación, el Ministerio Público menciona auditorías de la Contraloría General de la República, peritajes arquitectónicos, informes bancarios y otros elementos probatorios.
Con base en estos elementos, los fiscales solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral y público, donde deberán ser debatidas las pruebas y determinarse la eventual responsabilidad penal de los acusados.
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