El acto de presentación del consenso fue liderado por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, en compañía del ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, y el titular de la FEP, Silvio Piris. Durante el anuncio, las autoridades nacionales celebraron la instalación de la mesa de negociación como el canal institucional idóneo para evitar la interrupción de las actividades lectivas y resguardar el derecho de los estudiantes a permanecer en las aulas.
De acuerdo con las especificaciones del entendimiento, el reajuste del 5% planteado para el próximo ejercicio fiscal se estructurará de forma escalonada: a un 2,4% previamente pactado en las mesas técnicas se sumará un 2,6% adicional que entrará en vigor a partir del mes de julio de 2027. Además de la asignación principal de USD 47 millones, el paquete financiero contempla una partida de USD 9 millones para cubrir el histórico rubro de escalafón docente y la inyección de G. 40.000 millones orientados a cancelar una deuda patronal que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) arrastra con el IPS desde el año 2015.
Por su parte, desde la representación del Poder Ejecutivo emitieron un pronunciamiento ratificando el compromiso oficial con la dignificación de la labor del magisterio. Las autoridades destacaron que el resultado es el fruto de acuerdos colectivos alcanzados con la gran mayoría de las organizaciones gremiales del sector, subrayando que la búsqueda de una educación de excelencia requiere del esfuerzo conjunto y de la continuidad en el diálogo interinstitucional.
A pesar de la ratificación del documento por parte de la cúpula de la FEP, la dirigencia gremial aclaró que la firma desactiva la huelga pero no detiene la agenda de reivindicaciones del sector. La federación adelantó que mantendrá un intenso trabajo de gestión y cabildeo parlamentario durante el tratamiento del presupuesto en el Congreso, con el objetivo de elevar el porcentaje de ajuste para el magisterio, considerando que sectores de bases docentes se muestran firmes en demandar mayores incrementos ante el costo de vida.
Con la formalización del pacto y el compromiso del envío inmediato de la adenda presupuestaria al Poder Legislativo, las escuelas públicas retoman la normalidad en sus actividades diarias. La evolución definitiva del beneficio salarial quedará en manos de las comisiones del Parlamento, donde se analizarán las partidas finales del presupuesto educativo para el próximo año.
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