La iniciativa parlamentaria se fundamenta en las severas modificaciones al orden constitucional ejecutadas en el país centroamericano, las cuales extendieron de manera irregular el mandato del Ejecutivo y suspendieron las elecciones presidenciales que estaban programadas para noviembre de 2026. Según expuso el proyectista, diputado Luis Federico Franco, a través de dos reformas sucesivas el mandato se prolongó primero hasta 2027 —creando además la figura de la «Copresidencia» a favor de la esposa del mandatario, Rosario Murillo— y posteriormente se trasladó el comicio para noviembre de 2028, fijando mandatos de siete años y anulando la competencia de partidos opositores.
Durante la argumentación de la propuesta, el diputado Franco aseveró que las maniobras del régimen apuntan a la eliminación definitiva de la alternancia democrática mediante la utilización del aparato estatal para perseguir a los sectores disidentes. El documento aprobado recuerda que estos atropellos al estado de derecho han sido ampliamente documentados e informados por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
El texto aprobado en la Cámara Baja remarca que las medidas adoptadas por la administración nicaragüense no constituyen un hecho aislado, sino que representan la culminación de un proceso paulatino y sistemático de acumulación total del poder. En ese sentido, los legisladores consideraron fundamental que el Gobierno paraguayo adopte una postura contundente para marcar un límite institucional que refleje el compromiso del país con los principios de la Carta Democrática Interamericana.
Con la aprobación de esta declaración, el pedido pasa al ámbito de la Cancillería Nacional, estamento que deberá evaluar la viabilidad de retirar la concurrencia diplomática que opera desde la sede embajadora en Panamá. La decisión parlamentaria busca emitir una señal clara en el ámbito bilateral sobre la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y el quiebre institucional que atraviesa la nación centroamericana.
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