El pronunciamiento judicial abarca a la exmagistrada Norma Ortiz Díaz —quien renunció a su cargo en febrero pasado tras ser suspendida por la Corte Suprema de Justicia en el marco de las investigaciones del denominado esquema de la «mafia de los pagarés»—, procesada por presunto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso. La medida alcanza igualmente a la actuaria Elena Noemí Ojeda Duré, al ujier Sergio Daniel Orué Sanabria, al oficial de justicia Patrocinio Almada Roa, al supuesto instigador Milciades Toledo Morínigo, y a los ciudadanos Aldo Ramón Aquino Vera y Óscar Ariel Mieres Montanía.
De forma previa al estudio del requerimiento principal, el juez Humberto Otazú desestimó un paquete de incidentes promovidos por los abogados defensores. La magistratura rechazó el planteamiento de prescripción de la causa al constatar la existencia de actos interruptivos en la causa entre los años 2022 y 2023, así como los pedidos de nulidad por supuesta indefensión y de prejudicialidad civil, fundamentando que los hechos de índole penal no dependen de resoluciones previas en el fuero civil para su juzgamiento.
El sobreseimiento provisional fue canalizado a solicitud de la agente fiscal Sophia Anatolia Galeano, quien argumentó la necesidad de incorporar elementos de convicción clave para determinar con certeza la responsabilidad de los imputados. Entre las diligencias aprobadas figura la realización de una pericia caligráfica por parte del Laboratorio Forense sobre la cédula atribuida a la víctima, Zila Zárate, además de la toma de declaraciones a vecinos de la compañía Cañada Garay de Luque y la testifical del gerente de la firma Clink Cash.
Asimismo, el juzgado ordenó la remisión de compulsas autenticadas de expedientes tramitados en el Juzgado de Paz local y en el Juzgado en lo Civil del Tercer Turno, junto con informes actualizados del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y la Dirección de Estadística Civil. Como efecto directo de la resolución, el magistrado dispuso el levantamiento de los embargos y las cauciones que pesaban sobre los siete procesados mientras la representación fiscal concluye la recolección de pruebas dentro del plazo legal otorgado.
Discussion about this post