El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N.° 6057 que oficializa la reactivación del programa “Cielo Guaraní Soberano” y crea una comisión nacional interinstitucional orientada a consolidar la vigilancia y protección del espacio aéreo paraguayo.
El anuncio fue realizado este martes durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, la cual contó con la participación de las principales autoridades de seguridad del Estado y del encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter.
La normativa busca integrar mecanismos de inteligencia, comunicación directa y reacción conjunta para combatir de manera eficaz los vuelos irregulares, el crimen transnacional organizado y el narcotráfico en el territorio nacional.
El programa, cuyo diseño doctrinal tiene origen en la oficina de la Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Sur de los Estados Unidos con sede en Key West, Florida, estuvo operativo inicialmente entre los años 2015 y 2020 antes de ingresar en una fase de desactivación. Al respecto, el ministro del Interior, Enrique Riera, fustigó las gestiones de administraciones pasadas señalando de manera crítica que en dicho periodo de pausa se desprotegió el espacio aéreo, se retiraron escáneres y se liberaron controles portuarios, permitiendo que las organizaciones criminales utilizaran al país como plataforma para contaminar contenedores rumbo a Europa.
Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, general del Aire Julio Rubén Fullaondo, aclaró que a diferencia de los controles previos, el nuevo decreto habilita de forma expresa procedimientos de interceptación y captura de aeronaves en tierra, aunque precisó que no está previsto el derribo de las mismas.
La estrategia de blindaje aéreo se apoya en una serie de inversiones tecnológicas y armamentísticas que incluyen la adquisición de aviones Super Tucano por un valor de 101 millones de dólares mediante un préstamo descontado de Itaipú, el reasentamiento de dos radares móviles actualmente revitalizados y la llegada de radares primarios provenientes de los Estados Unidos previstos para finales de 2027.
La comitiva oficial destacó que una vez que la Fuerza Aérea detecte e intercepte un vuelo clandestino, se activará una respuesta terrestre coordinada donde intervendrán la Policía Nacional, la SENAD, la Fiscalía, el Ejército y la Armada. El diplomático norteamericano Robert Alter ratificó el pleno respaldo de su gobierno mediante asistencia tecnológica e intercambio de información, un esquema que se complementará regionalmente con las Normas Binacionales de Defensa Aérea vigentes con Argentina, Brasil y Bolivia.
Discussion about this post