El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que el gobierno norteamericano declarará como organizaciones terroristas al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), dos de las principales facciones criminales vinculadas al narcotráfico en Brasil.
Según el comunicado emitido por el Departamento de Estado, ambas estructuras serán designadas como “Terroristas Globales Especialmente Designados” (SDGT, por sus siglas en inglés) y también como “Organizaciones Terroristas Extranjeras” (FTO), con vigencia a partir del 5 de junio de 2026.
“El CV y el PCC son dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil. Juntos cuentan con miles de miembros y han orquestado ataques brutales contra agentes policiales y funcionarios públicos”, señala el documento oficial, que además destaca que las redes ilícitas de ambos grupos se extienden más allá de las fronteras brasileñas.
El anuncio se produjo un día después de la reunión mantenida en la Casa Blanca entre Rubio y el senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y precandidato presidencial para las próximas elecciones en Brasil.
Tras el encuentro, Flávio Bolsonaro celebró la decisión del gobierno estadounidense y afirmó que viajó a Estados Unidos para “trabajar contra las facciones criminales que aterrorizan al pueblo brasileño”.
Asimismo, reveló que solicitó al presidente Donald Trump acelerar la designación del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas, una medida que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva rechaza por considerar que podría afectar la soberanía brasileña.
En entrevista con Radio 1000, el abogado especialista en Derecho Penal Económico y Litigio Transnacional, Marcio Battilana, advirtió que la decisión de Estados Unidos podría generar importantes consecuencias jurídicas y comerciales para empresas y personas con vínculos, incluso indirectos, con estas organizaciones.
“Más que nada por la parte logística nos podría afectar. Si se llega a corroborar que alguien tuvo contacto tangencial o logístico con esos grupos, la persona física o jurídica podría ser pasible de procesos penales en Estados Unidos”, explicó.
Battilana indicó que la medida obligará a fortalecer los mecanismos de control y debida diligencia en distintos sectores económicos, especialmente en actividades de transporte, logística y comercio internacional.
“No necesariamente implica que alguien esté trabajando directamente con estos grupos. Podría ocurrir que una empresa de fletes ni siquiera sepa para quién está trabajando. Eso obligará a ampliar los controles”, sostuvo.
El especialista remarcó además que en Paraguay y otros países de la región todavía persiste una visión limitada del cumplimiento normativo, enfocada únicamente en la prevención del lavado de dinero.
Finalmente, advirtió que el desconocimiento ya no será considerado una defensa válida ante eventuales investigaciones o sanciones internacionales.
“Ahora existe una lupa mucho más importante sobre lo que se está haciendo. El ‘yo no sabía’ ya no es una defensa válida”, concluyó.
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