El senador Natalicio Chase analizó el proyecto de declaración de emergencia para el Instituto de Previsión Social que actualmente se encuentra bajo estudio en la Cámara Alta tras recibir media sanción de Diputados. El legislador fue claro al señalar que, desde el punto de vista operativo, la propuesta legislativa no otorga ninguna potestad nueva ni autoriza compras directas automáticas para el IPS. Chase argumentó que el presidente de la previsional ya cuenta con todas las facultades necesarias dentro del marco legal vigente para agilizar las adquisiciones de insumos y medicamentos.
El parlamentario explicó que el artículo 40 de la Ley 7021 de Suministros y Contrataciones Públicas ya define con precisión los mecanismos para realizar llamados de emergencia de forma autónoma. “Él no necesita de esta declaración. No autoriza ninguna compra directa. Aunque se apruebe esta declaración de emergencia así en forma general, él tiene que seguir los mismos pasos (…) que es justificar caso por caso el porqué de la emergencia”, detalló Chase, restándole peso práctico al proyecto y calificándolo más bien como un válido respaldo político hacia la gestión del Ejecutivo, pero con nulo impacto en el terreno administrativo.
Sin embargo, el líder de bancada rescató que la mesa técnica conformada entre los técnicos del IPS y la Comisión de Hacienda del Senado podría reorientar el proyecto hacia un área donde sí sea útil: la celeridad en la contratación de personal médico y administrativo ante el Ministerio de Economía y Finanzas. No obstante, para Chase, el verdadero nudo de la crisis previsional no es de gestión, sino financiero, y apunta directamente a las arcas estatales. “El Estado paraguayo yo creo que adeuda más de 800 millones de dólares al IPS, con lo cual estarían resueltos todos sus problemas financieros. No necesita hacer ningún estudio más el presidente de IPS si el Estado honra su deuda”, disparó, sugiriendo que el MEF debería analizar una emisión especial de bonos para saldar este histórico pasivo.
En otro momento, Chase fue consultado sobre la postura del bloque oficialista respecto al polémico proyecto de ley conocido como «divorcio exprés», impulsado por su colega de cámara Lilian Samaniego, que busca acortar drásticamente los plazos de los procesos de disolución conyugal. Al respecto, el senador colorado se mostró cauto y reconoció que la propuesta original posee falencias técnicas en los tiempos planteados que ya están siendo revisadas en la Comisión de Legislación.
El legislador advirtió que el dictamen final de la comisión será el factor determinante para el voto del movimiento oficialista en la plenaria. “Ese proyecto de ley tiene un defecto que ha sido detectado, que es un plazo establecido de un año que yo creo que ya ha sido reconocido por la proyectista. Dependiendo de cómo quede el texto en la Comisión de Legislación, nosotros acompañaríamos o rechazaríamos”, concluyó, dejando en claro que la bancada no dará un cheque en blanco a la normativa sin antes ajustar los plazos legales correspondientes.
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