La Justicia resolvió mantener en prisión preventiva a Alexandro Dos Reis Acosta, señalado por el Ministerio Público como uno de los principales sostenes económicos de una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al tráfico ilegal de armas que operaba en el departamento de Canindeyú.
La decisión fue adoptada por la jueza Penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Lici Teresita Sánchez, quien rechazó el pedido de la defensa para sustituir la medida por arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica.
Dos Reis Acosta permanece recluido en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo desde su detención, el 2 de julio de 2025, en el marco de una investigación que apunta a una organización presuntamente liderada por Giovani Zárate Jiménez, alias «Jony» o «Jonny», considerado por los investigadores como uno de los principales hombres de confianza del prófugo Felipe Santiago Acosta Riveros, alias «Macho».
De acuerdo con la imputación fiscal, el procesado cumplía un rol estratégico dentro del esquema delictivo al encargarse del financiamiento de las operaciones. Para ello, presuntamente utilizaba un comercio de su propiedad como fachada, donde recibía armas de fuego, vehículos y otros bienes en calidad de empeño, entregando dinero en efectivo que posteriormente era destinado a costear el cultivo, acopio y transporte de marihuana.
La investigación también involucra a otros presuntos integrantes de la organización. Entre ellos figuran dos sargentos en actividad de las Fuerzas Armadas, Jorge Daniel y Rodney Villalba González, acusados de suministrar municiones e información reservada sobre operativos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Asimismo, fue imputado el suboficial de Policía Germán Lezcano Ojeda, alias «Pikeitor», sindicado de alertar sobre procedimientos de la SENAD y otras unidades especiales e, incluso, de facilitar una patrullera para actividades ilícitas.
Otro de los procesados es José Ignacio Ramírez, alias «Yaqui», propietario de un taller mecánico donde, según la Fiscalía, se modificaban vehículos para ocultar cargamentos de drogas y armamento mediante compartimientos secretos.
Durante la audiencia de revisión de medidas, la defensa de Dos Reis Acosta ofreció dos inmuebles como garantía, una fianza personal de Gs. 3.000 millones y la instalación de una tobillera electrónica, argumentando que la investigación se encuentra avanzada y que ya no existe riesgo de obstrucción.
No obstante, la magistrada concluyó que persiste un elevado peligro de fuga debido a la gravedad de los hechos investigados y a la expectativa de una eventual condena, que podría alcanzar entre cinco y quince años de prisión por los delitos de asociación criminal para el narcotráfico y tráfico ilícito de armas.
Con esta resolución, el presunto financista de la estructura criminal continuará privado de libertad mientras avanza el proceso judicial que busca desarticular la organización vinculada a la banda de «Macho» en el norte del país.
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