El director general del Registro del Estado Civil (REC), Maximiliano «Maxi» Ayala, cuestionó el proyecto de ley conocido como «divorcio exprés» y lamentó que la institución no haya sido consultada durante la elaboración de la propuesta, pese a ser el organismo encargado de inscribir tanto los matrimonios como los divorcios en el país.
«Llama mucho la atención que los proyectistas no hayan incluido al Registro Civil ni consultado con la institución para esta iniciativa, cuando aquí se inscriben los matrimonios y también los divorcios», expresó.
Ayala informó que Paraguay registra un promedio de 5.000 divorcios por año, una cifra que muestra un crecimiento gradual desde 2022, cuando se contabilizaron alrededor de 4.000 casos.
Según detalló, durante 2025 fueron inscriptos 5.746 divorcios, mientras que en lo que va de 2026 ya se registran 2.469. No obstante, sostuvo que el aumento no es significativo si se compara con la cantidad de matrimonios celebrados anualmente.
En ese sentido, indicó que en 2025 se registraron 19.457 matrimonios y que, desde 2022, el promedio anual de enlaces matrimoniales se mantiene en torno a las 17.000 parejas.
El titular del REC afirmó que estos datos reflejan que Paraguay continúa siendo «un país conservador que apuesta a la familia», recordando que la Constitución Nacional establece que la familia es el fundamento de la sociedad y dispone su protección integral.
Respecto al proyecto de «divorcio exprés», consideró que la iniciativa representa una sobrelegislación y manifestó su preocupación por el enfoque de la propuesta.
«Hablar de divorcio exprés, para nosotros, constituye sobrelegislar, promoviendo leyes que terminan separando a las familias. Me gustaría que este tipo de problemáticas se aborde conforme a lo que establece la Constitución Nacional», señaló.
No obstante, aclaró que cada pareja es libre de decidir poner fin a su matrimonio cuando la relación ya no funciona.
Finalmente, cuestionó algunos de los argumentos expuestos por los impulsores del proyecto, al señalar que no resultan claros los fundamentos relacionados con la reducción de costos y otros beneficios que se plantean como justificación para modificar el procedimiento vigente de divorcio.
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