Las comisiones de Hacienda, Cuentas y Salud de la Cámara de Senadores emitieron un dictamen unánime de rechazo a los proyectos de ley que proponían declarar en estado de emergencia sanitaria, farmacéutica y edilicia al Instituto de Previsión Social. Durante la sesión conjunta presidida por el senador Silvio Ovelar, los legisladores analizaron las propuestas legislativas que buscaban habilitar medidas administrativas extraordinarias en la previsional, concluyendo que el marco legal vigente ya cuenta con los instrumentos necesarios para responder a situaciones de urgencia sin necesidad de promulgar un régimen excepcional.
La decisión parlamentaria se adoptó luego de escuchar las exposiciones del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, el titular de la institución, Isaías Ricardo Fretes, y el director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina Pérez. Durante el debate, el presidente del organismo previsional reconoció que la entidad atraviesa el peor momento financiero de su historia, pero aclaró que declarar la emergencia resulta inviable e inútil si no se dispone de recursos económicos concretos. A su vez, el responsable de Contrataciones Públicas advirtió que relajar las normas de licitación para la compra de insumos podría debilitar la transparencia y abrir márgenes de discrecionalidad en el gasto público.
En el intercambio de posturas, diversos senadores de diferentes bancadas coincidieron en que la ley de compras públicas vigente ya contempla procedimientos especiales mediante solicitudes fundamentadas para atender eventuales desabastecimientos de medicamentos o fallas operativas. Asimismo, parlamentarios como Lizarella Valiente y Dionisio Amarilla manifestaron la necesidad imperiosa de garantizar los servicios de salud y fortalecer los mecanismos de cobro a los empleadores morosos, mientras que otros sectores remarcaron la importancia de conformar mesas técnicas para encarar un rediseño institucional de fondo en lugar de conceder facultades excepcionales.
Al término del encuentro, el senador Natalicio Chase actuó como vocero y confirmó la recomendación unánime de rechazar ambas iniciativas debido a que el organismo es un ente autárquico con plenas potestades para elaborar sus propios planes de contingencia. Las autoridades parlamentarias anunciaron que se mantendrán mesas de trabajo informativas con los directivos del ente previsional, quienes asumieron el compromiso de presentar un plan de financiamiento estructural y de sostenibilidad económica en un plazo aproximado de quince días.
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