La Fiscalía acusó y pidió llevar a juicio oral a una docente de Ciudad del Este por el presunto hecho punible de violación del deber de cuidado o educación, en el marco de la investigación por la muerte de un niño de 12 años que, según las pesquisas, habría sido víctima de acoso escolar.
La acusación fue presentada por la agente fiscal Vivian Andrea Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes N.° 1, luego de concluir las diligencias investigativas desarrolladas por el Ministerio Público.
Según el requerimiento fiscal, la profesora, quien se desempeñaba como docente guía del menor, habría incumplido las obligaciones establecidas en la Ley N.° 4633/12 y en el Protocolo de Atención en Instituciones Educativas para Casos de Violencia entre Pares y/o Acoso Escolar, aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Pese a conocer reiterados episodios de hostigamiento que afectaban al estudiante, presuntamente no activó el protocolo previsto para estos casos.
La investigación sostiene que la docente no informó la situación a la dirección de la institución ni a las autoridades del MEC, tampoco elaboró los informes técnicos exigidos ni aplicó las medidas de protección e intervención contempladas en la normativa. Estas presuntas omisiones habrían impedido que se pusieran en marcha los mecanismos institucionales destinados a proteger a la víctima.
Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó la realización de una autopsia psicológica, una pericia especializada que permitió reconstruir el estado emocional y psicosocial del niño antes de su fallecimiento. El estudio identificó indicadores de un progresivo deterioro de su salud mental y confirmó la existencia de señales de alerta vinculadas al acoso escolar.
Los resultados de esa pericia fueron contrastados con informes del MEC, documentos institucionales y otros elementos probatorios recopilados durante la causa. Para el Ministerio Público, este análisis constituye una prueba relevante para establecer el vínculo entre las presuntas omisiones y las consecuencias sufridas por el menor.
De acuerdo con la investigación, la falta de intervención permitió que el estudiante continuara expuesto al hostigamiento escolar, lo que habría derivado en un deterioro gradual de su salud psíquica, reflejado en aislamiento, tristeza persistente, síntomas depresivos, bajo rendimiento académico, escasa red de apoyo y un incremento del riesgo suicida.
La Fiscalía también señala que no se realizaron entrevistas para determinar las causas del cambio de conducta del alumno, ni se investigaron sus reiteradas ausencias o su pedido de cambio de sección. Además, no existen registros de que el protocolo contra el acoso escolar haya sido activado oportunamente, sino que, según los antecedentes del caso, el procedimiento se habría puesto en marcha recién después del fallecimiento del niño.
Con base en los elementos reunidos durante la investigación, el Ministerio Público considera que existen suficientes indicios para sostener la responsabilidad penal atribuida a la docente y, por ello, solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.
Fuente: Ministerio Público
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